La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) emitió un comunicado este martes en el que cuestionó duramente los cambios en la inclusión financiera que figuran en el borrador de la ley de urgente
consideración (LUC), que presentó el equipo del presidente electo Luis Lacalle Pou y que ahora se está negociando con la coalición para introducirle ajustes.
Desde el sindicato bancario se consideró que las modificaciones propuestas pueden “erosionar” y afectar la recaudación del gobierno y se puede producir “un retroceso en materia de transparencia fiscal”.
El comunicado agrega que si el medio de pago para los salarios en un futuro surge del acuerdo entre trabajador y empleador, “son los trabajadores más desprotegidos, con poca o nula capacidad de negociación, los
que saldrán más perjudicados, volviendo a la situación anterior, en la que enfrentaban dificultades múltiples de acceso al sistema financiero formal».
Aebu señaló que con las facilidades de acceso al sistema financiero esas personas pudieron “disponer de un pago electrónico, un instrumento de ahorro y mejores condiciones de acceso al crédito”, entre otras características, como también respecto a los aportes a la seguridad social debido a una mayor formalización del mercado laboral y la economía.
Una de las principales promesas electorales que se busca cumplir en este borrador es eliminar la obligatoriedad de la norma pagar los salarios a través de medios electrónicos. También se elimina la obligación de utilizar estos medios en operaciones que sean superiores a determinados montos y en los pagos a proveedores del Estado.
En la actualidad cualquier “operación o negocio jurídico” por un importe mayor a 40.000 unidades indexadas ($ 175.000) no puede realizarse en efectivo sin importar quienes sean los “sujetos contratantes”. Si los montos superan las 160.000 UI ($ 700.000) solo se pueden utilizar medios electrónicos o cheques de pago diferido.
Si el proyecto de urgente consideración se convierte en ley, se podrá utilizar efectivo o cualquier medio para todas las operaciones.
A su vez, AEBU consideró que la inclusión financiera representa “una vía necesaria para la inclusión social y la búsqueda de bienestar de toda la población”.
En la ley de urgente consideración se modifican cinco artículos, se agregan otros dos y se
derogan 13 de la Ley de Inclusión Financiera vigente. Aunque se aclaran varios puntos de las intenciones del gobierno electo, otros quedan sujetos a la reglamentación de la ley si es aprobada en el Parlamento.
De todas formas, si bien desde AEBU se reconoció que la ley vigente puede ser mejorada, ha logrado “resultados y avances importante en la democratización y universalización de acceso a los servicios financieros”.
El comunicado recuerda que desde que se hizo obligatorio el pago de salarios a través de medios electrónicos dando la libertad al trabajador de elegir donde cobrar, se crearon “1.100.000 instrumentos de dinero electrónico y se emitieron 900 mil tarjetas de débito”.
Para AEBU, en Uruguay hay sectores “que no son de interés” para las instituciones financieras y que para universalizar el acceso son necesarias reglas impuestas por el Estado.
En defensa de la obligatoriedad de las remuneraciones a través de las cuentas bancarias, se expresó que esa herramienta “posibilitó que sectores de la población excluidos accedieran sin costo a un conjunto de
servicios financieros básicos”.
“Los que justamente, las nuevas modificaciones pretenden desarmar. La obligatoriedad del pago de salarios a través de medios electrónicos incentivó a una mayor formalización del mercado laboral y de la economía, y como consecuencia, potenció la universalización de los derechos de los trabajadores, respecto a su jubilación, salud, y protección social en general», se esgrimió.
(El Observador)
