Consideramos que el Sistema Nacional de Salud fue una herramienta vigorosa para atender la emergencia sanitaria desde sus comienzos hasta ahora. Pero en
estos últimos días el número de contagios en la región noreste amenaza con colapsar la atención en los CTI. Lo que se transforma en un potencial peligro si el
crecimiento de los contagios continúa como en los últimos días.
Considerando esta posibilidad, es necesario que se tomen medidas para que la atención de todos, esté garantizada. Partiendo de la base
de que la salud es un derecho humano fundamental, este debe ser garantizado por el Estado, que está representado por el gobierno de turno.
Las medidas que toma el gobierno resultan insuficientes, porque el crecimiento del número de contagios es cada vez mayor. Las medidas que dejan las decisiones en manos de «la población», «la libertad responsable», son solamente una forma de no asumir la responsabilidad. Frente al fracaso, debe haber responsables. Si todos somos responsables, en el fondo nadie lo es.
El relacionamiento de las autoridades con los trabajadores organizados, es de ataque y descalificación sistemática con la finalidad de quitarle legitimidad a
las organizaciones, para no discutir sus demandas.
Desde las autoridades no se argumenta, solamente se descalifica. De esta forma se desvía el centro de la discusión y la participación de sectores importantes
de actividad del país son ignorados por no compartir las políticas impulsadas por el gobierno.
En este contexto la Educación Pública queda indefensa por el retiro del gobierno de su deber de garantizar la educación como derecho de nuestra sociedad, especialmente nuestros niños y jóvenes más vulnerables.
La responsabilidad que compete a las autoridades se la delegan a las familias. Un error importante es suponer que el gobierno puede suspender la obligatoriedad de los estudiantes a concurrir a clases.
No puede haber un decreto presidencial por sobre la Constitución. Además las autoridades tanto de Educación Primaria como de Secundaria, son gestores que llevan a cabo lo resuelto por el CODICEN y la ANEP, sin tener en cuenta a las organizaciones de trabajadores de la educación, quienes son actores relevantes en la realidad cotidiana.
Más bien se los trata despectivamente, para no brindar la discusión en los temas que refieren a condiciones de trabajo y de aprendizaje de los estudiantes,
violando claramente la ley de negociación colectiva. Frente a las dificultades para discutir con las autoridades de la educación queremos presentar
una propuesta alternativa que tome en cuenta las condiciones sanitarias de la región y los problemas de funcionamiento de las instituciones educativas.
