Amnistía Internacional publicó en junio un informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se puntualizó como preocupación el aumento de juicios penales a periodistas, su impacto potencial sobre la libertad de expresión, la creciente amenaza y hostigamiento a los trabajadores de la profesión, y la dificultad para acceder a la información pública.
“Preocupan las dificultades para acceder a la información pública. Según el informe elaborado por Cainfo y la Universidad Católica, se constató que el 57% de los organismos públicos no cumplió con la Ley de Acceso a la Información Pública”, subraya el documento.
La propia Amnistía Internacional utilizó el mecanismo y sus consultas o no fueron contestadas o entregaron las respuestas fuera del plazo legal o con información insuficiente.
Por otra parte, Amnistía Internacional denunció la crítica situación del sistema penitenciario uruguayo, que ostenta el récord de personas en cárcel en relación a su población entre los países de América Latina y se ubica 14º en el mundo.
También marcó la impunidad estructural del país ante los crímenes de lesa humanidad “que no permite acceder a la verdad, justicia y la reparación”. En ese marco, la organización se mostró preocupada por el proyecto de Ley de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria porque “afectaría la privación de libertad de varios de los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
El aumento de los femicidios y de las denuncias por violencia de género fue otro tema subrayado en el informe. A esto sumó la cantidad de embarazos adolescentes (“muchos de ellos producto de situaciones de violencia sexual”) y el alto porcentaje de médicos objetores de conciencia que impide el normal desarrollo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La semana pasada Uruguay tuvo su revisión frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. M24