«Hay impuestos malos, hay impuestos absurdos, pero no hay sino un impuesto perverso: el que se paga por consumir lo necesario, el impuesto sobre la vida:»
(Juan B. Justo)
Desde las elecciones que ganó Tabaré Vazquez, su ministro de economía, Danilo Astori prometía que una se sus primeros objetivos era bajar del IVA, incluso afirmando que en primera instancia sería un 18%. Esta promesa, dicha en nuestra propia dirección, donde mantuvo una entrevista antes de las elecciones, la tenemos grabada
Y lo hizo, pero esa baja del impuesto, que era entonces el 23% en su tasa básica, pasó a ser un 22%, lo cual fue, a nuestro juicio, no una baja sino una burla…
En una ocasión en que dio una conferencia de prensa en un salón del INIA Tacuarembó luego de ganar las elecciones, tuvimos la ocasión de preguntarle por qué sólo había bajado un 1% dicho impuesto: si era porque no pudo o porque no quiso hacerlo, dejándole así una posible salida algo elegante a nuestra pregunta directa. A esto respondió, evasivamente, que había derogado el COFIS, que era un impuesto que acompañaba al IVA en aquella época y que debió ser derogado mucho antes, ya que había sido creado con un fin específico cuyo motivo hacía tiempo que había cesado, pero que habia permanecido indebidamente vigente en los gobiernos anteriores.
En el presente gobierno de Vazquez, Astori volvió a tocar en la prensa el tema del IVA, diciendo que estaba en sus proyectos reducirlo progresivamente a índices menores. Pero la realidad nos dice que cualquier excusa es buena para que “no se pueda” reducir un impuesto, que es injusto y perverso porque afecta a los más débiles. Es un impuesto que las empresas “deben retener” para pagárselo al gobierno y que lo pagan en sus compras y sólo pagan a la DGI la diferencia entre el que cobran por sus ventas y el que a su vez pagan en sus compras.
Pero como todas las cosas, la más débil de las dos puntas de las cadenas de la economía son los individuos particulares, los que no pueden descontar ni siquiera una parte de ese impuesto que pagan y que pesa casi una cuarta parte de la mayoría de los bienes que necesitan para vivir. Por eso decimos que es un impuesto perverso, donde el único beneficiario es el Estado y los más perjudicados somos todos, cuando tenemos que comprar artículos y bienes que necesitamos para la vida diaria.
La fiscalidad pretende generar una recaudación para enfrentar una serie de gastos desde el sector público y tiene como uno de sus objetivos fundamentales intentar ser lo menos distorsionadora posible de la actividad económica. Pero el IVA es un impuesto que distorsiona seriamente esta actividad, ya que pesa sobre la mayoría de las transacciones comerciales y pesa en el bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos, siendo un freno para la adquisición de bienes de primera necesidad.
Los bienes de primera necesidad debieran estar exentos de fiscalidad. Eso incluye la primera vivienda. A partir de ahí, gravámenes progresivos con propósito redistributivo, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tengan carácter confiscatorio. Especialmente para un gobierno que se dice “progresista”.
De hecho, Uruguay es uno de los países que “goza” de uno de los más altos índices de la economía, cada vez más sumergida. Este impuesto que pesa en los bolsillos de todos, incluso de los más pobres, sólo se justifica que es imposible disminuirlo una vez que se instala. De lo contrario cómo hacemos para mantener al ineficiente y mastodóntico aparato gubernamental, que es muchos más lo que hablan y discuten que lo que hacen y ejecutan en bien de quienes los mantienen.
