En los últimos dos ejercicios el Estado percibió US$ 4.472.615 al cambio actual a través del dinero confiscado o producido a través de los bienes decomisados en procedimientos contra el narcotráfico. El 10% de esa cifra fue destinado a la Fiscalía General de la Nación para integrar el Fondo de Peritajes, destinado a garantizar recursos para las pericias técnicas que deba realizar el Ministerio Público.
Durante 2019 fueron depositados en el Fondo de Bienes Decomisados $ 4.702.922 y US$ 2.306.000. Un año después, ese fondo recibió $ 75.496.000
y US$ 312.000. Así, entre los dos años se logró generar a partir de incautaciones $ 80.199.000 y US$ 2.618.000, lo que en total suma casi US$4,5 millones. Las cifras están incluidas en la respuesta que el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, envió esta semana al diputado frenteamplista Gustavo Olmos.
En tanto, la décima parte de ese valor, $ 8.019.000 y US$ 261.800, fue destinada al Fondo de Peritajes, según el informe oficial a la Fiscalía. Así lo dispone una ley vigente desde fines de 2018, aprobada en el marco de un paquete de medidas consensuadas por todo el sistema político destinadas a prevenir la corrupción en el ámbito público.
El Fondo de Peritajes fue creado a iniciativa del entonces senador Pablo Mieres, hoy ministro de Trabajo, a partir de la polémica generada por una fallida pericia técnica en la planta de biodiesel de Alcoholes de Uruguay (Alur) en Paysandú, que no pudo ser realizada por falta de fondos.
Eso ocurrió luego de una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle que pedía investigar eventuales sobrecostos en la construcción de la
planta, apuntando al entonces presidente de la empresa paraestatal, Leonardo De León.
La pericia que debería haber sido realizada para probar la denuncia nunca se hizo. Según el fiscal de la causa, Luis Pacheco, fue por un «tema de costos»: US$ 360.000. La causa terminó siendo archivada.
Los importes destinados al Fondo de Peritajes son transferidos a Fiscalía una vez al año, según lo marca la ley. El diputado Olmos había cursado el pedido de informes alarmado por recientes expresiones del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. A mediados de julio y en el marco de la Rendición de Cuentas, el jefe del Ministerio Público aportó cifras distintas a las informadas ahora por Presidencia.
«El proyecto del senador Mieres fracasó estrepitosamente», señaló Díaz ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
«Hasta ahora hemos decomisado por cifras superiores a los US$ 20 millones y hemos recibido $ 17.500. Así como lo oye», dijo.
Uno de los artículos de la Rendición de Cuentas presentado por la Fiscalía pedía que los fondos le sean transferidos en forma automática. A partir de este año, la contribución por esta vía al Ministerio Público se verá reducida. Es que la ley de Presupuesto vigente desde el 1 de enero limitó al 5% el producido de los bienes decomisados que deben ser destinados al fondo de peritajes.
El Observador
