La posibilidad de que una constitución sea considerada «hija de la huelga» no es concebible en democracia.
El presidente del PitCnt, Fernando Pereira, considera que «la Constitución es hija de la huelga y no al revés».
Su temeraria afirmación carente de soporte legal o ético y rodeado de otras expresiones alarmantes, llama la atención y exige un análisis un poco más
profundo para tratar de comprender sus objetivos.
Empecemos por aclarar que el derecho de huelga, garantizado por la Constitución a la que el Sr. Pereira alude, no está en discusión. Además, la posibilidad
de que una constitución sea considerada «hija de la huelga», es inconcebible en democracia.
Esa negación implícita de los fundamentos del derecho que nos rige manifestada por el Sr. Pereira, trae inmediatamente a la memoria las inútiles justificaciones de su accionar intentando moldear a su provecho la Constitución, expresadas por los responsables de la dictadura en la década del setenta.
En nuestros días, el ejemplo más patético de ese tipo de comportamiento lo exhibe el inexcusable descaro de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Pero hay tendencias que podrían ser constantes. Los uruguayos no olvidamos que previo al 27 de junio de 1973, precisamente en el mes de febrero y ante sendos comunicados emitidos por las Fuerzas Conjuntas, sindicalistas de la época salieron a festejar convencidos de que el golpe de Estado estaba siendo organizado por un sector de izquierda del ejército.
Lo cierto es que desde el 18 de julio de 1830 somos una nación soberana gracias y a partir de esa Constitución que ahora el Sr. Pereira pretende definir como
«hija de la huelga». «La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es clara en cuanto al derecho de huelga y no puede generarse un derecho colectivo en consonancia con derechos individuales».
Esta parte de las declaraciones del Sr. Pereira a Radio Sarandí, que fueran recogidas entre otros medios de prensa por el diario El País el 19 de mayo, también llama la atención y merece un comentario.
Los derechos de sus representados parten de la base de que cada uno de ellos, cada individuo, es sujeto de ese derecho. Es su dedicación a un trabajo dentro del mismo rubro, lo que los integra y asocia como sindicato.
Hablar de los trabajadores como si fueran una masa uniforme que piensa, siente y se expresa en forma homogénea a través de las palabras del «representante», suena bastante irracional. Y con mayor razón, cuando ese representante ni siquiera es elegido por voto secreto en elecciones, rigurosa e imparcialmente controladas, lo que en la práctica pone en tela de juicio la validez de dicha representación.
Tal vez sus expresiones podrían sonar desatinadas para algunos o para muchos de sus representados, siendo todos y cada uno de ellos seres inteligentes, pensantes y merecedores del mayor de los respetos como individuos.
«La huelga es un derecho de hecho, la Constitución es hija de la huelga y no al revés». Se equivoca muy feo el Sr. Pereira.
Porque existe una Constitución, existe un derecho de huelga.No hay derecho de huelga sin Constitución, aunque hay constituciones que no admiten ese derecho, en cuyo caso llamamos a esos gobiernos, dictaduras.
El Sr. Pereira descartó la posibilidad que sí prevé la Constitución de convocar a un referéndum para laudar un desacuerdo.
«Si a nosotros nos quitan un derecho que ganamos en la cancha lo vamos a seguir disputando en la cancha, no es un problema de legalidad».
Hablar de «la cancha» podrá sonar muy futbolero o muy«canchero»; pero las canchas funcionan dentro de la legalidad. Lo que se sale de lo legal, es
ilegal.
El eje de la queja del Sr. Pereira, apunta al hecho de que a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, actualmente en trámite en el
Parlamento, podría ser derogado el derecho a ocupar los lugares de trabajo por parte de los huelguistas, atribución otorgada en 2006 por el Frente Amplio mediante el decreto 165/006, como «extensión del derecho de huelga».
La Constitución de la República expresa en su Artículo 32.- «La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas
establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.»
Ni a los que firmaron aquel decreto, ni al Sr. Pereira que hoy trata desesperadamente de mantenerlo, les importó para nada lo que impone la Constitución ni el
perjuicio ocasionado a las empresas. Tampoco les importó el inaceptable y arbitrarioavasallamiento de la propiedad privada que esas ocupaciones conllevarían.
«Ya me lo han preguntado:
‘¿Usted está dispuesto a violentar?, y sí», dijo. «Vamos a ocupar igual. Lo saben desde el primero al último de los gobernantes; los derechos no se suspenden por ley».
Otro error (u horror) que llama la atención. La amenaza, la ilegalidad, la prepotencia, son «atributos» que caracterizan a la patota. Aquí se trata de dialogar,
negociar y alcanzar consensos.
La sola insinuación de violencia huele a chantaje y no es de recibo en ninguna sociedad que se considere justa y civilizada.
Los tiempos de la prepotencia de derecha o de izquierda pasaron de moda. El Sr. Pereira o no se enteró, o busca reeditar épocas y acciones que los orientales hace rato superamos y preferimos calificar como una de las etapas más oscuras y negativas de nuestra historia.
El Sr. Pereira tiene la palabra. Sus dirigidos y todo un país, lo están observando.
