Los partidos políticos llegaron a un acuerdo para aplazar las elecciones departamentales previstas para el 10
de mayo. A raíz de la emergencia sanitaria, la Corte Electoral había advertido la imposibilidad de asegurar las
garantías básicas del proceso, y los partidos iniciaron conversaciones para ver de qué manera postergarlas.
Este lunes se acordó fijar la fecha límite para el 4 de octubre. Se prevé votar la nueva normativa este miércoles.
Los mecanismos de la postergación generaban diferencias entre los partidos, dado que la Constitución establece a texto expreso que los comicios deben ser en el segundo domingo de mayo y no prevé formas de cambiar la fecha. Ante esa situación, el Partido Nacional y el Frente Amplio se aferraban a la tesis del constitucionalista
Martín Risso, quien aseguraba que se podía redactar una ley interpretativa que «armonizara» la disposición de la
fecha con otros artículos que establecen obligaciones sobre el cuidado de la salud de la población.
El Partido Colorado, en cambio, advertía sobre los «peligros» de sentar antecedentes de cambios en la Constitución. Por eso adhería a la tesis del constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien proponía redactar una ley constitucional que fuera refrendada en plebiscito. En ese sentido, los colorados planteaban que la ciudadanía respaldara retroactivamente la modificación constitucional el mismo día que se realizaran las elecciones departamentales.
La solución, finalmente, vendrá por el lado del artículo 322 de la Constitución, que establece las competencias de
la Corte Electoral. Ese artículo enumera las «facultades» del organismo, pero agrega que podrá tener también «las que le señale la ley». De ahí que los legisladores acordaran votar una ley que habilite a la Corte Electoral a fijar una nueva fecha en caso de, por ejemplo, una emergencia sanitaria.
Pese a que a los colorados no les convence la fórmula elegida, votarán el proyecto para garantizar que la norma
cuente con el «consenso» de todo el sistema político. Fuentes coloradas dijeron que el Ejecutivo del partido discutió la solución este lunes y que si bien la solución jurídica «no conforma», darán su apoyo.
Para aprobar el cambio de fecha, la Corte Electoral deberá contar con las mayorías exigidas por el artículo 327 de
la Constitución. Eso implica que –tal como se requiere para anular una elección– deberá haber al menos seis de
nueve votos afirmativos, «de los cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General». Eso da mayores garantías para evitar un sesgo partidario en la decisión.