El presidente de la Asociación de Escribanos de Tacuarembó Alfredo De Souza se refiere a las razones por las cuales están en desacuerdo con algunos aspectos de esta Ley.
Los escribanos afirman que la seguridad jurídica está en riesgo con esta ley, que obstaculiza la fluidez de los mercados automotriz e inmobiliario, retrasa la recaudación, excluye del mercado legal aquellos bienes que habitualmente adquieren los sectores de menores ingresos y «afecta en particular al notariado nacional con sanciones desmedidas».
Se pide la postergación de la aplicación de los artículos 40 y 41 de la ley de inclusión financiera.
Ambos artículos regulan la compraventa de inmuebles y automotores. Regirán desde el 1 de abril y, según los escribanos, perjudican la transferencia de bienes. Ramírez afirmó que el gobierno debería aplazar su aplicación y llamar a una mesa de diálogo.
La proclama expresada en la movilización n la capital del país cuestiona que se exija el pago de una multa “ante un negocio nulo”. Esto se debe a que en la firma de las partes, cuando una de ellas incumple con la ley de Inclusión Financiera y, por ejemplo, abona en efectivo, el escribano puede no autorizar el negocio que quien incumpla abone la multa correspondiente.
La proclama también explica que hay cuestiones operativas que impiden el cumplimiento con las disposiciones legales porque «el país no tiene la infraestructura adecuada para la aplicación de estos cambios proyectados»; y agrega que «excluye del mercado legal aquellos bienes que habitualmente adquieren los sectores de menos ingresos».
Señalan, además, que es necesario aumentar el monto mínimo de operaciones que deben realizarse con efectivo porque afecta la profesión “con sanciones desmedidas».
