El gobierno optó por no aplicar una cuarentena obligatoria que impusiera sanciones penales a la población, para evitarlo, aplicó una estrategia que tomó en cuenta la fortaleza del sistema de salud uruguayo y por sobre todo, la responsabilidad de los ciudadanos
El 13 de marzo apenas a doce días de iniciado el nuevo gobierno del Presidente de la Republica Luis Lacalle Pou, se produjo la llegada del coronavirus al país. Ese día el gobierno uruguayo declaró al país en estado de emergencia sanitaria por causa del virus y desde ahí se establecieron una serie de medidas que se
mantienen y otras se han profundizado.
Uruguay eligió una estrategia original en América Latina para enfrentar al coronavirus. Lejos de imponer un confinamiento obligatorio estricto, el país apeló a la responsabilidad de sus 3.6 millones de habitantes para establecer una cuarentena voluntaria. Hasta ahora, los resultados parecen avalar la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou ya que la tasa de mortalidad del virus por habitante en Uruguay está muy por debajo de, por ejemplo, sus vecinos Brasil (182.1) y Argentina (15.8).
El gobierno optó por no aplicar una cuarentena obligatoria que impusiera sanciones penales a la población, para evitarlo, aplicó una estrategia que tomó en cuenta la fortaleza del sistema de salud uruguayo y por sobre todo, la responsabilidad de los ciudadanos.
El 13 de marzo, el flamante presidente decidió decretar la emergencia sanitaria en el país tras la confirmación de los primeros cuatro contagios.
Si bien fueron suspendidas las clases, se cancelaron los eventos masivos y se ordenó el cierre de las fronteras, no se impusieron restricciones a la movilidad de las personas ni se exigió a los comercios —excepto a los shoppings— que bajaran sus persianas.
Sin apelar a medidas coercitivas, el gobierno logró, de todos modos, que la actividad, sobre todo en lugares de recreación, cayera en forma drástica. Según reportes de Google Mobility —la plataforma que refleja tendencias de movilidad—, la concentración de personas en cafés, parques, centros comerciales y teatros cayó entre 75% y 80% en las dos primeras semanas de cuarentena voluntaria.
Es de destacar que Uruguay cuenta con un sólido sistema de salud, todas las personas en Uruguay tienen derecho a la misma calidad y prestación en salud, sin importar su condición social, tras una reforma de la salud aprobada en 2008 y el gobierno destina más del 9% del PIB a la Salud, con más del 6% de esa inversión dirigida a la salud pública, lo que asegura la cobertura universal.
Esa fortaleza adquirió mayor relevancia en esta crisis. El Uruguay ya contaba con 700 camas de terapia intensiva, a las que se agregaron otras 200 en los últimos tres meses que prácticamente no fueron casi utilizadas.
Paralelamente a esto el gobierno equipo un Hospital el Español de Montevideo, para reconvertirlo en centro de referencia en COVID y debido a su poca utilización se siguió atendiendo al resto de las enfermedades respiratorias porque el número de camas ocupadas fue muy bajo. Otra virtud del país fue la realización y producción de pruebas de testeo propias desarrolladas por el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la Republica (UDELAR)
y el rastreo de los contactos estrechos, así Uruguay puede tener controlada la propagación del coronavirus y ha ido abriendo gradualmente y
con protocolos sanitarios varias actividades, como ser las escuelas rurales que ya volvieron a funcionar, y con un esquema progresivo, están retornando las clases en el resto de los niveles educativos a lo largo de todo el país. Además, desde abril volvió al trabajo el sector de la construcción y a partir de inicios de mayo el comercio se ha liberado casi en su totalidad.
De esta manera el impacto económico promete ser menor. Una cuarentena obligatoria seguramente iba a tener un efecto económico muy fuerte. Uruguay viene registrando buenos resultados en su lucha contra el coronavirus sin haber restringido las libertades individuales ni haber ahogado a la economía. Es
un ejemplo que sobresale en medio de las urgencias que sufren otros países sudamericanos como Brasil, Argentina, y Ecuador.
Otro acierto del gobierno uruguayo fue que creó un grupo de científicos de primer nivel para que lo asesorara en el retorno a la cotidianeidad.
Este grupo está integrado por los doctores Rafael Radi – investigador en el área de la biomedicina y de la química, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, integrante de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos y de la Academia Nacional de Medicina, Henry Cohen –gastroenterólogo, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina y Fernando Paganini, matemático, ingeniero, integrante de la Academia
Nacional de Ciencias– quienes trabajan junto al director de la OPP, el economista Isaac Alfie.
LA NUEVA NORMALIDAD
Este grupo asesor definió lo que va a ser a partir de ahora la nueva normalidad, un término que se refiere a lo que será la cotidianeidad, tras la salida del aislamiento de alto impacto al que obligó el surgimiento de la pandemia del coronavirus en el Uruguay.
Los científicos afirman que el confinamiento social debe ser considerado como una medida extraordinaria, ya que no puede ser mantenido en el tiempo sin causar enormes perjuicios económicos ni sociales, incluso en el área de la salud humana. Solo para referirnos mínimamente a este último campo: enfermedades como la depresión se agudizan con el encierro; la suspensión de los ejercicios físicos, impacta sobre la salud tanto mental como física; detener el tratamiento de patologías existentes o de operaciones no esenciales, pueden generar graves problemas de prolongarse.
Sin embargo, debemos entender que por un tiempo el virus seguirá estando entre nosotros y por lo tanto, tendremos que adaptarnos. No será todavía tiempo de abrazos, se deberá mantener lo que se denomina un «distanciamiento físico sostenido», lo que alguien llamó la sociedad del metro y medio. El cuidado de la higiene deberá seguir siendo central en la vida de todos nosotros dicen los asesores científicos.
¿CÓMO VA A SER EL CAMINO DE SALIDA?
El doctor Rafael Radi afirmó que el proceso deberá ser progresivo, monitorizado y basado en evidencia.
Progresivo en cuanto a que se deberán ir liberando distintas restricciones paso a paso, monitorizado en cuanto se deberá ir viendo qué es lo que está pasando con las medidas tomadas y el marco general de evolución del contagio, y basado en evidencia en el sentido de que todas estas evaluaciones deben basarse en
datos fehacientes, analizados con rigor científico.
En cuanto al monitoreo, se resalta la importancia de una visión global e integrada, que vaya más allá de mirar un solo índice. Por ejemplo, si solo se actuara ante una alta tasa de ocupación de las camas de CTI, dado que la enfermedad puede tener un período de incubación de dos semanas, podríamos llegar a tener una respuesta muy tardía que no impidiera el desbordamiento del sistema de salud.
Es así que deben tenerse en cuenta parámetros que muestren también que es lo que sucede en las áreas donde las restricciones se van liberando, así como estudiar la movilidad, el tráfico de gente, y la ocupación de los lugares públicos, evitando el hacinamiento.
Habrá que tener un particular cuidado en la situación de las poblaciones vulnerables, la gente que presenta diversas enfermedades y los mayores de 65 años y en que el contagio no llegue a un punto en que no sepueda prestar el nivel de atención médica necesario, particularmente el de alto nivel, a quien lo requiera.
EL GRUPO DE TRABAJO
El equipo lleva el nombre de Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y tiene como sus fuertes la excelencia y la interdisciplinariedad. Para poder cubrir todas las áreas e integrar todos los esfuerzos que se están realizando, sus integrantes procedieron a seleccionar y a invitar a diversos especialistas, de modo de constituir poderosos equipos de trabajo.
El objetivo que se plantearon fue presentar al Poder Ejecutivo recomendaciones semanales basadas en evidencia, siguiendo no solo lo que pasa en el país sino los resultados de las diferentes políticas aplicadas en distintos países, que también han generado información científica.
Al anunciar la formación del grupo, el Presidente de la República Lacalle Pou agradeció a la Universidad de la República (Udelar), a la Academia Nacional de
Medicina y a la Academia Nacional de Ciencias por disponer de estos recursos humanos.
Sin lugar a dudas, es un valiosísimo aporte de la ciencia uruguaya en la lucha contra el coronavirus. Con la llegada del COVID-19, pandemia que afecta en forma
transversal al planeta, el gobierno uruguayo se ha visto obligado, entre otras cosas, a posponer las elecciones departamentales y municipales establecidas para el próximo 10 de mayo y realizarlas el 27 de setiembre del corriente año.
Uruguay ya cruzó el umbral de la emergencia sanitaria que vive América Latina desde hace cerca de cuatro meses a causa del coronavirus y ya se inició el levantamiento del confinamiento para dar los primeros pasos a la llamada nueva normalidad.
Las cifras uruguayas contrastan con las de otros países de América Latina, en donde los brotes de coronavirus están en su máximo pico como ocurre en Brasil, que se ubica como la segunda nación con más casos confirmados de esta enfermedad.
La respuesta de las autoridades, encabezadas por el presidente de Uruguay Luis Lacalle, ha sido aplaudida a nivel internacional por tener como resultado un menor número de contagios y una baja tasa de mortalidad, sin la necesidad de declarar el confinamiento obligatorio.
Para poder financiar esta estrategia sin impactar la economía de la nación, el presidente Lacalle Pou solicitó una línea de crédito de mil 400 millones de dólares, que complementó con la creación del Fondo Coronavirus, que fue financiado con las donaciones del 20 por ciento del sueldo de funcionarios públicos,
desde el presidente hasta los legisladores que conforman la oposición, por dos meses seguidos.
A esta iniciativa se han sumado actores de la actividad privada del país que han realizado donaciones que permiten al gobierno hacer frente a la pandemia.
«Es fácil decir que no trabajen, pero hay que estar ahí. Estamos tratando de que los motores de la economía anden para que los uruguayos puedan salir adelante», dijo Lacalle en un discurso el 7 de mayo.
LA AMENAZA DE LOS VECINOS BRASIL Y ARGENTINA
Se recomienda a los ciudadanos en general utilizar mascarillas para reducir el riesgo de contraer la enfermedad, aunque no es una medida obligatoria. También se aconseja respetar las medidas de distanciamiento social y que se permita el trabajo remoto para las personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables.
Sin embargo, a estas medidas el país tiene el reto de controlar los contagios en las ciudades que comparten fronteras con Brasil y Argentina, que en un inicio logró contener con el cierre del turismo y con la operación «Todos en casa», que consistió en repatriar a todos los uruguayos que estaban varados en el exterior.
La respuesta de las autoridades ante la emergencia sanitaria ha sido aplaudida a nivel internacional por tener como resultado un bajo número de contagios, pero las autoridades continúan con las alarmas encendidas ante el riesgo de que cambie la situación de la epidemia en Uruguay, por los focos fronterizos.
Los cruces fronterizos están a cargo del ejército, quienes implementaron barreras sanitarias en las que se toma la fiebre a los ciudadanos y los vehículos son rociados con desinfectante y los pasajeros deben lavarse pies y manos para evitar contagios de coronavirus.
De continuar todo controlado el gobierno va liberando más sectores de la economía, como por ejemplo, se acaba de liberalizar las actividades turísticas termales ajustadas a estrictos protocolos médicos.
En los próximos meses se verán los resultados.