El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo relativamente nuevo de derechos humanos de la ONU. En su mandato de diez años, ha brindado un foro para que las naciones revisen los registros de derechos humanos de cada uno, con el aporte de la sociedad civil.
Difiere de otros comités en el sistema de derechos humanos de la ONU. En lugar de depender de expertos externos para criticar el desempeño del gobierno, el EPU ejerce una especie de presión de grupo sobre los gobiernos. Los alienta a trabajar más para proteger los derechos humanos, ofrece las mejores prácticas y expone las deficiencias.
Para los problemas sociales controvertidos, incluido el aborto y los asuntos relacionados con la sexualidad, el impacto del EPU ha sido mixto. Debido a que las revisiones de los países son realizadas por otros países, el EPU ofrece una imagen en constante evolución de las prioridades de derechos humanos de la comunidad global.
Ofrece información sobre qué temas, enmarcados como derechos humanos, gozan de aceptación universal o casi universal, y cuáles son las preocupaciones más específicas.
El EPU permite y obliga a un cierto grado de franqueza en el discurso global de los derechos humanos: los países bajo revisión deben responder a las recomendaciones de sus países pares en el registro.
Por lo tanto, el EPU es lo que los Estados miembros de la ONU hacen de él. Es una discusión universal de los derechos humanos en la que cada país tiene voz y donde los observadores pueden tomar nota de las tendencias cambiantes en el discurso.
Donde otros mecanismos de derechos humanos, como los órganos de supervisión de tratados, pueden sonar como cámaras de eco para un lado de un debate, el EPU por su naturaleza expone la falta de consenso que persiste a pesar de décadas de debate.
Las recomendaciones hechas en el EPU se atribuyen a causar cambios reales sobre el terreno, particularmente en el avance de la agenda de «derechos sexuales»; en algunos países. Este documento explora cómo se está utilizando el EPU para promover los derechos universalmente acordados, por un lado, y distorsionar los derechos humanos y promover cuestiones divisivas por el otro. Concluye con observaciones sobre lo que pueden hacer los países y organizaciones pro vida y pro familia, para hacer un mejor uso del mecanismo.
Jesús Mar tínez Madrid
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