Bajo la consigna “Ni un policía menos”, el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) convocó a una movilización el pasado martes 31 de enero a la hora 10 frente a la Jefatura de Policía.
La misma no tuvo mayor apoyo de los policías en actividad, pues prácticamente estuvieron ausentes. La mayoría de los convocados fueron los integrantes del propio sindicato, policías en situación de retiro y un puñado de ciudadanos que acompañaron a los manifestantes. “Esperábamos a más compañeros, no te sabría responder por qué no vinieron, pero debemos hacer una autocrítica, porque esperábamos a más policías, porque acá vemos más a los policías jubilados que siempre nos apoyan y están cuando los precisamos, y ciudadanos en general”, dijo Sergio Santamarina del sindicato local.
La movilización se llevó a cabo en el marco de la preocupación que existe en la órbita policial por el asesinato de varios funcionarios policiales en los últimos meses. Según supo El Avisador, la idea es realizar una concentración frente a la Jefatura de Policía, cada vez que un policía sea asesinado en manos de delincuentes.
En este caso, la movilización fue en repudio al asesinato de Ingrid Romina González Martínez, la mujer policía de 29 años que falleció tras el incendio provocado en su vivienda del complejo CH 84 en Montevideo. Desde el SUPU se reclama que se promuevan soluciones habitaciones para los policías, especialmente en Montevideo y la zona metropolitana, pues muchas veces deben convivir en zonas en donde predomina la presencia de delincuentes.
La medida responde a la decisión tomada por el sindicato en mayo 2016, tras el asesinato de del efectivo Eugenio Otero. En ese momento, decidieron movilizarse cada vez que un oficial fuera ultimado.
González falleció tras un incendio provocado en su casa. El juez de la causa, Tabaré Erramuspe, procesó con prisión a un hombre por el delito de incendio especialmente agravado con resultado de muerte de una persona y lesión de varias.
Si bien la Justicia determinó que la muerte de la funcionaria de 29 años no estuvo relacionada con su condición de policía, su madre declaró que la joven había recibido varias amenazas en el último tiempo vinculadas a su trabajo, por parte de dos menores de edad.
Este tipo de casos preocupa al sindicato que decidió denunciar la situación que viven cientos de efectivos que residen en barrios conflictivos. Se estima que existen entre 600 y 800 efectivos policiales que sufren de acoso y amenazas en sus barrios de residencia.