Saulo Diaz (PS/FA)
Desde los comienzos de la legislatura en el Uruguay existió una motivación de parte del legislador o de los gobiernos de promover la subdivisión de la tierra, permitiendo el asentamiento o radicación del trabajador rural.
Las tierras propiedad del Estado dedicadas a la producción están básicamente en el INC (Instituto Nal. de Colonización), salvo algunas excepciones como en el Ejército, la UdelaR y el INIA. Esto ha sido así porque en nuestros gobiernos se ha impulsado fuertemente la iniciativa, de la propia Ley de Colonización, que establece que “las tierras de propiedad estatal que dispongan las reparticiones del Estado y que no sean utilizadas o destinadas a los fines que le compete a dichas reparticiones estatales, deben cederse al INC para su utilización productiva”.
Las tierras de colonización que se han ido incorporando a la propiedad del Estado tienen una larga historia que se remonta al gobierno de José Batlle y Ordoñez, que mediante política impulsada por el Banco Hipotecario comenzó a adquirir tierras para asignarlas a familias colonas para su explotación productiva y la radicación en el territorio nacional.
El INC es el poseedor más grande de tierras en propiedad en nuestro país, algo así como unas 300.000 hectáreas, más otras 300.000 que están en propiedad de los colonos, pero son afectadas por la Ley, por haber sido adquiridas al INC o anteriormente a la Sección de Fomento Rural del BHU, esto significa que sobre esa propiedad privada hay un gravamen a favor del Estado para ejercer los fines colonizadores.
El cometido del INC ha sido hoy pautado por su definición política en la Misión y Visión que ha definido el Directorio, y que recoge el cometido signado por la Ley de Colonización, conjunto de medidas a adoptarse para promover la racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar de la familia del trabajador rural. En las actuales administraciones se ha puesto énfasis también en la inclusión de género y en la franja etaria juvenil.
La colonización es para atender a quienes no pueden acceder al recurso tierra en condiciones normales y de mercado, prioriza a quienes tienen el rol y el vínculo con la producción agropecuaria, como así también a quienes tienen el perfil o carácter de población rural.
Las políticas de colonización en los gobiernos del Frente Amplio estuvieron caracterizadas por:
Durante la primera gestión, la puesta a punto de la herramienta colonizadora el INC, institución que estaba deteriorada, venida a menos (en el gobierno de Batlle, año 2002 se quiso desmantelar), por lo cual hubo que dotarla de nueva estructura de funcionamiento, definir prioridades en la gestión para revincular a las y los colonos con la institución, gestión de cobro para adecuar el gran atraso en el pago de las rentas, volver a ejercer el gravamen sobre las fracciones en propiedad de los colonos que se encontraban prácticamente fuera de las políticas del INC, recuperar fracciones abandonadas y realizar llamados a nuevos colonos, incorporar tierras estatales para la creación de nuevas colonias y comenzar tímidamente un nuevo ciclo de incorporación de tierras mediante compras.
En el segundo período de gobierno y el actual, se ha avanzado en la compra de tierras (unas 50.000 hectáreas en cada período) y se ha implementado fuertemente la colonización grupal; así también se han puesto en práctica algunas líneas específicas, como es la consolidación de productores lecheros, la ampliación de áresa para la producción de caña de azúcar (vinculado al proyecto ALUR), marcar mayor presencia en el mercado de tierras y ampliar fundamentalmente en aquellos departamentos donde el INC tenía muy poca presencia.
Sabemos se ha hecho muchísimo, pero somos conscientes de que queda mucho por hacer.
La colonización, es un proceso socioeconómico productivo, complejo, mediante el cual el Estado adquiere tierras o las recibe en propiedad o en administración, las redimensiona, y luego las adjudica a productores para que se instalen en ellas con sus familias y las trabajen debidamente.
Atento a las características de nuestro país, el acceso a la tierra ha constituido, y probablemente seguirá constituyendo, un aspecto de gran interés general, y en ciertas circunstancias, de alta polémica.
