La Suprema Corte de Justicia informó el pasado martes que le inició un procedimiento disciplinario
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó este martes que le inició un procedimiento disciplinario a la Jueza Letrada de Rivera de 6º Turno, lo que implica la suspensión en el ejercicio de su cargo.
Además, se le retendrá la mitad de su sueldo por el plazo de seis meses.
“La decisión se tomó en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas con informe del Colegio de Abogados de Rivera respecto al funcionamiento del juzgado a cargo de la mencionada magistrada”, indica el comunicado oficial.
En la denuncia en su contra se señala la suspensión intempestiva de audiencias, atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias.
Por otra parte, la División Informática del Poder Judicial constató que diversos equipos informáticos de los juzgados letrados de Rivera que fueron
vandalizados y se verificó la falta de memorias y discos, hecho al cual también podría estar vinculada ya que el hombre imputado por esto es su pareja
actual, La Fiscalía Departamental de Rivera, a cargo de Stella Alciaturi, solicitó la formalización de un hombre de iniciales H.G.B.A. pues quedó registrado
en imágenes de cámaras del Ministerio del Interior “ingresando por la puerta principal mediante el uso de llave, en dos oportunidades durante un domingo
y en una tercera ocasión durante un lunes, antes de la llegada del personal administrativo. En el allanamiento realizado al domicilio del imputado se incautaron tres placas madre de mini PC y algunos teléfonos celulares, entre los que se hallaba el teléfono personal de la magistrada ya referida, quien estaría conviviendo con el imputado según surge de las investigaciones cumplidas”.
Con todos estos aspectos a la vista, la SCJ consideró que existen elementos suficientes para afirmar que «la Sra. Magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones» y que surgen pruebas que «aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la Dra. S. de sus obligaciones
como magistrada», en particular «suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias».
La SCJ fundó su decisión en la verosimilitud de estas «acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas puede resultar perjuicio para el interés público o descrédito en la Administración de Justicia y por asumir conductas irregulares que comprometieran el decoro de su ministerio».
