El martes pasado, después de un trabajoso, intenso y fecundo proceso de diálogo e intercambio con el movimiento sindical y las Cámaras Empresariales,
firmamos el Acta que recoge las pautas salariales para un período «puente» que elaboramos desde el gobierno.
Sentimos una gran satisfacción porque este hecho, más allá de lógicas y entendibles constancias dejadas por escrito por cada una de las partes, puso en evidencia una gran capacidad de asumir con responsabilidad y conciencia, por parte de todos los actores, la situación que enfrenta el país y el mundo entero.
En efecto, estamos viviendo un tiempo absolutamente excepcional y con una fortísima afectación de la actividad económica y productiva, así como del empleo y el trabajo.
El mundo sufre una crisis sin precedentes que afecta a cada uno de los países de manera muy significativa. La pandemia ha tenido un impacto espantoso y contundente sobre la vida de toda la humanidad. Basta señalar dos indicadores que impresionan enormemente.
Por un lado, la OCDE pronostica que en 2020 el PIB mundial se reducirá en un 6%, una caída de la producción y de la actividad que no tiene precedentes. Por otro lado, la OIT señala que durante este año se perderán trescientos millones de puestos de trabajo en el mundo, una afectación también inédita en la historia de la humanidad.
Nuestro país no ha sido ajeno a esta situación, todo indica que nuestro PIB tendrá un resultado negativo en este año, lo que significa que un número elevado de unidades productivas están sufriendo y sufrirán un significativo impacto con el riesgo de que muchos emprendimientos queden por el camino.
A su vez, se ha producido un impactante crecimiento del número de trabajadores en seguro de paro, alcanzando a casi doscientas mil personas.
Esta cifra representa alrededor del 25% del total de los trabajadores con derecho al seguro de paro. Por su parte, a esto hay que agregar el impacto sobre los trabajadores informales y sobre los cuentapropistas.
Para completar el panorama, las cifras del INE indican que ha habido una caída del número de personas ocupadas del orden de casi cien mil personas, las que apenas se consolide la reactivación impactará en las cifras de desocupación.
En definitiva, un enorme impacto en la situación de empleo que ya estaba afectado seriamente con anterioridad a la emergencia sanitaria.
Hay que recordar que en nuestro país la desocupación se ubicaba en febrero de este año en el 10.5% y había cincuenta mil trabajadores ya en el seguro de paro.
Ante esta circunstancia, en acuerdo con trabajadores y empleadores, propusimos un período de pauta salarial corto, de un año, un «puente» que nos permitiera transitar por estas circunstancias con una respuesta específica para luego abrir, en julio de 2021, una nueva ronda salarial; entonces sí con los criterios normales
de funcionamiento y negociación.
Así las cosas, nuestra propuesta consta de dos grandes lineamientos.
Uno de ellos refiere a la pauta salarial y el segundo refiere a la promoción del empleo y la sustentabilidad de las empresas. En el plano salarial, el «puente» propuesto tiene tres momentos: (a) el cumplimiento de lo acordado en la ronda salarial anterior, aplicando un correctivo por inflación que garantiza que los trabajadores alcanzados no pierden su poder adquisitivo recibiendo un aumento que rige a partir del 1 de julio, (b) un aumento nominal de 3% a partir del
1 de enero de 2021 que será de 4% para los salarios más bajos, lo que será muy cercano a la inflación del semestre, por lo que tampoco en este momento habrá una afectación del salario real y (c) un correctivo final por inflación al 30 de junio de 2021 menos el aumento nominal ya otorgado y restando los puntos de caída del PIB de 2020.
La propuesta está acompañada del compromiso de recuperación de la eventual pérdida del poder adquisitivo ocurrida en el transcurso del año en línea con el crecimiento de la economía, arrancando esta recuperación en enero de 2022.
En el plano del empleo se acordó instalar el diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas de forma inmediata, dedicando todos los esfuerzos a impulsar medidas para responder a la crisis del mercado de trabajo.
En este sentido, el gobierno anunció la aprobación, que ya está en vigencia, de un beneficio en crédito fiscal para los empleadores por cada trabajador que reincorporen del seguro de paro o por cada puesto nuevo de trabajo que se cree. A su vez, también se prolongará la opción del seguro de paro parcial para promover la reincorporación al menos parcial de aquellos trabajadores que hoy están en seguro de paro total.
Finalmente, también está asumido el compromiso de autorizar las prórrogas de seguro de paro solicitadas para evitar los despidos.
Simultáneamente se va a trabajar en la capacitación laboral orientando la propuesta desde INEFOP en sintonía con los perfiles laborales que serán más requeridos.
En definitiva, el Consejo Superior Tripartito acordó trasladar estas pautas a los diferentes grupos de actividad con la sugerencia de que se tomen en cuenta sus contenidos.
Tenemos la total certeza de que este acuerdo alcanzado está en línea con la gravedad y la entidad de los desafíos que enfrentamos y consiste en una respuesta equilibrada y ecuánime, que articula la importancia de atender la problemática salarial simultáneamente con la preocupación por el empleo.
Sentimos, además, que nuestra gestión ha logrado demostrar en esta instancia tan desafiante, que cumple con el compromiso de actuar con espíritu de diálogo y, por lo tanto, ser confiable para todas las partes.
El desafío consiste, ahora, en que los diferentes grupos de actividad ratifiquen estas pautas y que el diálogo social por el empleo impulse medidas potentes para recuperar la actividad y los puestos de trabajo.