El 8,6% de los escolares de primer año, repitió en este 2020. Hay otro 1,6% cuya promoción está en suspenso. En 2019, sin pandemia, había quedado repetidor el 9,4%.
Entre los estudiantes de segundo año, en 2020 hubo 4,6% que no pasó de grado frente al 4,2% del 2019. Y entre los alumnos de sexto la diferencia fue
de 0,9% a 0,7%. Ni el estadístico más perfeccionista se animaría a decir que entre el año del COVID-19 y el que lo antecedió hubo una diferencia significativa.
Tampoco la hubo en UTU. Los alumnos desvinculados fueron el 22%, pero el año anterior habían sido el 18%. De los que siguieron vinculados, en el ciclo básico el 40% ya promovió y hay otro 43% con altas chances de hacerlo tras el apoyo de febrero… nada muy distinto al año anterior.
La ausencia de diferencias significativas, en un año excepcional y donde la propia Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) barajó la chance de la promoción automática, lejos de traer tranquilidad al sistema educativo, enciende la polémica.
Uruguay fue uno de los pocos países en el que más de 6.000 escolares repitieron en pandemia: ¿se trata de un año perdido?
A fines de abril, cuando la inmensa mayoría de centros educativos en Uruguay permanecían cerrados y el país lideraba la lenta vuelta a las aulas
en las escuelas rurales, el demógrafo Andrés Peri, quien dirige la división de Estadística de la ANEP, bromeaba con que este sería «el año de las notas
al pie de página». Porque ya entonces se advertía que cada indicador estadístico tendría que ser explicado y que su comparación tenía que tomarse con pinzas.
Mucho más si se considera que la obligatoriedad de la asistencia a clases solo rigió en los últimos dos meses del año lectivo (incluso fue suspendida nuevamente la última semana). Y más aún si se tiene en cuenta que, con obligatoriedad y todo, los escolares de centros públicos seguían
siendo convocados a clase apenas algo más de la mitad de los días que deberían concurrir un año «normal».
El País solicitó a la Inspección Técnica de Primaria conocer qué porcentaje de los niños habían faltado a clase la mitad o más días de los
que habían sido convocados.
La información que surge del sistema informático GURI señala que se trata del 18% de los alumnos.
Pero la inspectora Selva Pérez Stábile aclaró que «estas cifras (que involucran a más de 61.000 niños) no se condicen con lo observado en las escuelas» y los técnicos están buscando «información más fidedigna».
Según el exdirectivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Cayota, lo más «preocupante» es la «absoluta falta de transparencia» y
que al día de hoy «no se sabe cuántos días efectivos de clase tuvo cada niño y cada adolescente de este país».
Pese a esta falta de datos, pese a las inasistencias de estudiantes y docentes, pese al cierre de centros educativos, pese al cese de la obligatoriedad y las limitaciones de la conectividad, ni el más crítico con el sistema se arriesga a decir que este fue un año perdido en la enseñanza uruguaya.
Decir eso «sería muy injusto» con los distintos actores educativos y tampoco sería un reflejo de la realidad: «en términos comparativos Uruguay ha tenido una presencialidad y una conectividad (desde plataformas del Plan Ceibal) mucho más alta que otros países», explicó el ministro de Educación Pablo da
Silveira.
Hace diez días, la Unesco advertía que «la pandemia de COVID-19 generó las perturbaciones más graves de la historia de los sistemas educativos mundiales, impidiendo que, en el momento de mayor auge de la crisis, más de 1.600 millones de educandos en más de 190 países pudieran asistir a la escuela».
Y como sucede en épocas de crisis, los más vulnerables son los más afectados. En eso coinciden pedagogos, docentes y tomadores de decisión.
Entre esos que más se han visto perjudicados, la consejera electa de Primaria, Gabriela Verde, dice que en 2021 habrá que hacer foco «en los escolares de primer y segundo año». ¿Por qué? «Para los niños más pequeños ha sido mucho más difícil mantener la conectividad y para los niños de primer
año, en quienes es importante la sistematización para adquirir la lectura y escritura, ha sido un año tremendo».
El descenso en los aprendizajes, no solo en los más pequeños, es para Renato Opertti, del colectivo Eduy21, la principal flaqueza de esta pandemia. A eso el consejero del Codicen, Juan Gabito, le agrega la escasez de presencialidad («en un sistema que estaba pensado para funcionar con presencialidad a pleno») y la directora de Planificación Educativa de la ANEP, Adriana Aristimuño, le suma «la desvinculación de estudiantes».
Cualquiera de estas tres pérdidas (baja de aprendizajes, de presencialidad y de vínculo) recibe consenso entre «oficialistas» y «opositores». Luego vienen los matices. El exconsejero de Primaria, Héctor Florit entiende que «se devaluaron algunos objetivos que habían sido difíciles de instalar: la obligatoriedad, la asistencia diaria, la extensión del tiempo pedagógico, la convivencia con estadía, la proximidad en el vínculo pedagógico, el compartir la alimentación…».
Pero sobre este último punto, el ministro Da Silveira ve una fortaleza, «la rapidez con la que el sistema actuó para garantizar la alimentación en medio de una emergencia».
Producción: Carlos Tapia / El País
