México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. Siete mujeres mueren cada día en el país víctimas de la violencia machista. Mientras el número de hombres asesinados ha descendido desde 2011, la tasa de homicidios machistas sigue en aumento, lo que impide poner los medios para la paz y la justicia social.
La cifra de feminicidios no ha dejado de crecer en México desde hace 15 años. Además de ser cada vez más frecuentes estos homicidios son también cada vez más brutales y generalizados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recoge datos que apuntan que un 47% de las mujeres mayores de 15 años han sido agredidas de manera violenta y no sólo verbal por su pareja actual o a lo largo de su relación anterior.
La violencia machista en México es omnipresente; es callejera, es doméstica, es laboral y también es ejercida de manera impune por los miembros y fuerzas de seguridad del estado en México. El último informe realizado por Amnistía Internacional denuncia los abusos y violaciones sufridos por mujeres en las cárceles y centros de detenciones del país por parte de la Policía Federal, la Local, la Marina y el Ejército. Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres detenidas en México y descubrió que todas ellas habían sido víctimas de abusos sexuales o violaciones por parte de las fuerzas de seguridad del país en procesos de detención o en interrogatorios. Del total de las entrevistadas 33 mujeres afirmaron haber sido violadas y 72 reconocieron haber sido sometidas a algún tipo de abuso o acoso psicológico o sexual en el proceso de detención. De las 100 mujeres 66 presentaron denuncias y sólo en 22 casos se abrió una investigación. Amnistía Internacional afirma que “no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de las investigaciones”
El informe de Amnistía también reveló los porcentajes de arrestos en los que hubo violaciones según la fuerza de seguridad que llevó a cabo la detención. En el 80% de las detenciones que realizadas por la Marina se produjeron una o varias violaciones de la víctima, el 50% en caso de la Policía Estatal, el 50% del Ejército y el 19% de la Policía Federal. A pesar del alto número de denuncias de violencia sexual ejercida por parte de miembros de fuerzas de seguridad el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ningún soldado acusado de estos cargos había sido suspendido de servicio entre 2010 y 2015. La Marina informó que cuatro marinos habían sido suspendidos en ese periodo, y sólo uno de ellos fue condenado a prisión por abusos sexuales, y apartado de manera temporal de su servicio en La Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida condena.
Los organismos oficiales de cualquier Estado deben encargarse de hacer cumplir la ley sobre todo en materia de Derechos Humanos. Las denuncias de delitos de naturaleza sexual cometidos por funcionarios públicos raras veces acaban en la apertura de un proceso judicial y las pocas veces que eso sucede las denunciantes, la mayoría acusada de delitos relacionados con drogas, procedentes de entornos de bajos ingresos y después de haber sido obligadas a confesar bajo tortura o abusos sexuales se encuentran con una defensa poco efectiva.
La impunidad es el peor enemigo de la violencia y el abuso. Cada crimen impune manda un mensaje contundente: la violencia y el abuso contra la mujer queda indemne en algunos países. El estigma de este tipo de violencia, además, no recae sobre el violador, abusador, o la persona que comete la infracción, al contrario, recae sólo sobre la víctima, que en muchos casos se encuentra en una situación de desamparo total por parte de las instituciones y del conjunto del poder judicial. Ninguna mujer debe enfrentarse sola a la violencia machista, porque éste es un problema que no sólo afecta a las mujeres. La violencia impune, de cualquier tipo, impide la justicia social.
María López Paniagua
Periodista
