La población canina de Uruguay está estimada en 1,7 millones de perros, cifra que no contempla a aquellos que no tienen dueño. La superpoblación es un problema reconocido por las autoridades, que por eso apostaron desde hace varios años por ofrecer castraciones gratuitas para evitar que los animales se sigan reproduciendo.
Este trabajo está a cargo de la Comisión de Zoonosis, creada en la ley de presupuesto nacional de 2005, que no tiene recursos asignados y que se mantiene, básicamente, con lo que recauda por el pago de las patentes anuales.
Por año, según las estimaciones de la comisión, se venden unas 100 mil patentes, a un valor actual de $ 615. Sin embargo, unas 250 mil se entregan de forma gratuita a las poblaciones que no pueden pagar ese monto, por ejemplo, aquellos usuarios de salud pública que no aportan al Fonasa. En los 15 años que lleva operativa la comisión nunca se multó al dueño de un perro por no tener la patente al día, según reconocieron fuentes de la comisión consultadas por El Observador. La normativa habilita a la comisión a aplicar una multa de 5 unidades reajustables, unos $ 6 mil al valor actual. Sin embargo, la vía administrativa suele ser extensa y requiere de la intervención del área jurídica de la comisión, lo que podría derivar en la Justicia, algo que en este tiempo nunca sucedió. Lo que suele hacer la comisión es notificar a los dueños, en rondas aleatorias a cargo de estudiantes avanzados de veterinaria, de que venció el plazo para pagar la patente del animal y que, para evitar la multa,
deben adquirirla. Este año, el plazo para comprar la patente venció el 30 de setiembre, después de una prórroga
de un mes, ya que la fecha inicial era del 31 de agosto. La página de Facebook de la comisión informa constantemente sobre los vencimientos de la patente, así como de cuestiones de interés. Siempre que recuerda a
los dueños que deben comprar la patente, lo hace advirtiendo que de esa manera evitarán la multa. El coordinador técnico de la Comisión de Zoonosis, Julio Sayes, explicó a El Observador que el organismo no tiene un “fin recaudador”, sino educativo y sanitario. “El enfoque que le hemos dado al tema de la patente es de concientización de las personas con respecto a la importancia de las enfermedades zoonóticas, el impacto que puede llegar a causar. Entender eso, a veces, es muy difícil porque casi todos los programas de salud tienen un presupuesto asignado por el Estado”, explicó el veterinario. Con lo recaudado por las patentes la comisión llegó a las 600 mil castraciones gratuitas en todo el país, así como ecografías abdominales en zonas ca-renciadas para
detectar la equinococosis quística o la hidatidosis abdominal. “Más que persuadir y el tema de la multa, siempre apostamos a que la gente lo haga conscientemente, ya que está apostando por una buena causa que es el tema del control de la zoonosis”, explicó Sayes. La comisión sí ha multado por otras cuestiones, pero no referidas a la patente. Por ejemplo, también tiene entre sus cometidos controlar la dosificación de medicamentos en zonas de riesgo. “Si se modifica la conducta para nosotros eso ya basta. No tenemos un fin de juntar dinero a través de
multas. Porque, en realidad, nuestro objetivo es otro”, agregó Sayes. El coordinador técnico de la comisión se mostró partidario de modificar la normativa que tiene que ver con la tenencia responsable de los animales, ya
que la dependencia económica hace que “no pueda desplegar todo su accionar”. “Quizás deberíamos pensar, en un futuro, en otras herramientas, indirectas.
¿Qué institución pública recauda directamente? No me imagino a un ministerio recaudando directamente de los contribuyentes”, sostuvo. Según los datos de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), 35% de la población canina del país está castrada. En los últimos quince años, además, se hicieron 300 mil ecografías en humanos para detectar la presencia del quiste hidático. La hidatidosis es una enfermedad grave cuyos síntomas varían según el órgano en el que esté alojado el quiste. La Comisión de Zoonosis tiene identificados unos 500 focos de riesgo en el país, sobre todo en zonas rurales. En Uruguay la enfermedad está en
una etapa de “control”.
(El Observador)
