La maniobra incluye entre 15 y 20 organizaciones que no pagaban el alquiler y obligaban al Ministerio de Vivienda a ejecutar una garantía.
Se trata de una decena de organizaciones que tenían con tratos vigentes con la cartera y que no pagaban el alquiler de sus locales a sus dueños, obligando al Ministerio de Vivienda -que actuaba en garantía- a hacerse cargo del dinero.
Martinelli explicó que son entre 15 y 20 las ONG que no efectuaron el pago correspondiente a los propietarios de los locales donde funcionaban las organizaciones pero que estos nunca se quejaron porque terminaban cobrando igual, mediante el Ministerio de Vivienda.
El jerarca también detalló que se constataron irregularidades en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) referido a donaciones de inmuebles. Martinelli expresó que las auditorías en curso buscarán determinar el estado en que se encuentran los inmuebles y quienes son sus ocupantes.
En otro de los resultados primarios de la auditoría que se lleva adelante se constató una deuda superior a los 4 millones de pesos en multas porque el programa Uruguay Trabaja no cumplió entre diciembre y febrero con las obligaciones que tiene con el BPS.
Martinelli cerró la conferencia asegurando que hay indicios de una potencial apropiación indebida de dinero por parte de las ONG, de la que aún no recibieron ninguna explicación, lo que puede derivar en una denuncia penal contra las organizaciones.
