En estos días se ha hablado mucho de la equidad o inequidad de las pensiones reparatorias que todos pagamos a quienes atentaron contra la democracia y sus Instituciones, así como a sus familiares.
Desde la vuelta a la democracia desde 1985 en adelante, se han sancionado leyes tendientes a corregir o subsanar, perjuicios causados en el periodo de la Dictadura. Estas leyes son: 15.737, 15.783, 16.102, 16.163,
16.194, 16.440,16.451, 16.561, 17.061, 17.449, 17.620, 17.017, 17.949, 18.026, 18.033, 18.420 y la frutilla de la torta
es la 18.596! ¡¡Son 17 en total!!
Hasta la llegada del Frente Amplio al Poder, las leyes que se sancionaron en el sentido indicado, persiguieron el objetivo de que la sociedad uruguaya se reconciliara, siendo estas leyes una de las tres patas de la Mesa de dicha reconciliación conjuntamente con la ley de Amnistía a los guerrilleros y la de Caducidad.
A PARTIR DE LOS GOBIERNOS FRENTEAMPLISTAS, EL SISTEMA MUTÓ DE RECONCILIACIÓN SOCIAL A UNO DE «PRIVILEGIO SOCIAL»
Muchas incluyen beneficios económicos previsionales que no son otorgados a miles de orientales de bien que,
con el trabajo honesto de toda su vida, han contribuido a construir el país que hoy disfrutamos.
Solo en aplicación de la ley 18.033, el BPS, desde el 2007 al 2016, pagó la friolera de 470 millones de dólares a
unas 5.700 personas.
En enero de 2020 Vázquez firma una modificación al decreto reglamentario de dicha ley, generando una diferencia de trato respecto del Administrado por parte de la Administración. Las pensiones que se originen de acuerdo con dicha ley, serán servidas al 100% a sus hijos menores de 21, cónyuge o concubina, y no al 66% como el régimen general del BPS.
Yo me pregunto: ¿qué es lo que impide que el gobierno derogue este decreto, restableciendo la igualdad de trato para con los administrados?
EN MI HUMILDE OPINIÓN: NADA LO IMPIDE.
El Uruguay votó un cambio y eso amerita que muchas de estas normas, así como su instrumentación y aplicación, por lo menos, deban ser revisadas, con la óptica de un criterio de Justicia no sesgado, no de revancha, como
el utilizado por el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno.
Hay que entender claramente, que cuando en las últimas elecciones, el pueblo decidió cambiar, no se trata solamente de que el nuevo gobierno corrija el rumbo hacia donde se dirige el país, sino que también, en muchos casos, se deberá desandar el camino equivocado e injusto, por el cual nos llevó el Frente Amplio en sus años de gobierno.
