El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) publicó este lunes su informe anual de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el
ejercicio de la profesión periodística en Uruguay, en el período comprendido entre el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
De los 49 casos reportados como amenazas, 30 correspondieron a restricciones a pedidos de acceso a la información pública, siendo Presidencia el organismo con más pedidos (nueve) rechazados. El informe afirmó que esto «confirma un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020».
El informe también reportó ocho casos de agresiones y ataques que «refieren a acciones violentas, intimidantes o limitantes, que pueden ser física
o verbales, implementadas con el objetivo de impedir o limitar, la libertad de expresión, obstaculizar el trabajo de la prensa, y el acceso a la información pública o hechos noticioso». En esos ocho casos se destacaron la amenaza de muerte a través de una llamada telefónica al periodista de Radio Sarandí,
Gabriel Pereyra, y cuando el periodista de Canal 12, Ignacio Romero, fue increpado por la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, tras preguntar
en una conferencia de prensa, por la contratación como asesor del periodista Gabriel Romano.
Además el informe detalló tres casos de procesos civiles o penales a periodistas o medios de comunicación. Entre estos se encuentran la denuncia penal a
los conductores de La Mesa de los Galanes de Del Sol FM por «un grupo de personas encabezadas por el exdiputado Fernando Araújo por “incitación al odio”
y la denuncia por difamación e injurias a El Observador «por la empresa Agua Virgen de las Ánimas, debido a sus publicaciones sobre investigaciones de la
Justicia que la vincularían a operaciones de lavado de activos y narcotráfico. El diario informó que la compañía fue allanada y que uno de sus propietarios fue
imputado por tráfico de armas, pero la empresa aseguró que las notas le causaron un ´agravio significativo´».
Si bien el informe reportó casos hasta el 31 de marzo, Cainfo decidió sumar la reciente desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve. «Más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas
del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación.
Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de Cainfo, pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista», señaló el informe.
En el mismo sentido, se reportó el «ataque violento» sufrido por el periodista Darío Klein por haber realizado un informe para la cadena internacional CNN sobre
la situación de los CTI en un contexto de aumento de casos de coronavirus. Según Cainfo «el ataque más violento en este caso provino de la cuenta de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi quien sostuvo que la información era falsa y acusó al periodista de ´traición a la patria, y formar parte de un
grupo de ´miserables´».
A su vez, Cainfo incluyó dos casos de uso abusivo del poder estatal, cuatro de «propuesta y/o aprobación de normas(…) que restringen la libertad de prensa,
expresión, acceso a la información y/o generan censura» y «dos ataques, por lo general verbales realizados públicamente con el objetivo de desprestigiar y desacreditar a la víctima».
El Observador
