Integrantes del grupo de vecinos «No al tren de UPM» concurrieron a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Montevideo a entregar una carta a su representante, el Sr. Matias Bendersky, denunciando la violación de varias Directivas Operacionales del Banco durante la ejecución del proyecto. Una copia de la misiva se le hizo llegar también al representante de Uruguay en la Junta Directiva del Banco en Washington, el Sr. Santiago Cat.
En la misiva se le hace ver al representante que «Este tren no será un tren que brinde un servicio a la ciudadanía uruguaya ni a los sistemas productivos que hay en el país, que la obra contratada no servirá para fortalecer el sistema de ferrocarriles de carga, ni estará conectado a la red de ferrocarriles en ninguna otra parte del país.»
Se puntualiza también que «este tren tendrá las características que la empresa UPM exige que tenga» y se enumera la larga lista de exigencias de la empresa al Estado uruguayo.
En otro punto señalan la dudosa elección de la empresa constructora, el Consorcio Via Central, durante la licitación de la obra, que dió lugar a la protesta de otros oferentes. También queda de manifiesto en la misiva la irregularidad de que este proyecto se realice por PPP.
La principal preocupación de les vecines es en relación a la peligrosidad del pasaje de un tren con productos químicos peligrosos por zonas densamente pobladas y la afectación que ya tienen muchas localidades en la medida que no se toman los cuidados necesarios al realizar una obra de esta magnitud, sin que se hayan tenido en cuenta varias Directrices Operacionales del Banco.
El grupo solicita al Banco «que intervenga a favor de la gente y que haga cumplir esas Directivas para que como dice el BID haya una verdadera mejora del desarrollo social y la calidad de vida en general, que se fortalezca la gobernabilidad mediante la formulación de marcos efectivos de gestión ambiental y
mecanismos transparentes de gestión que solidifiquen el desarrollo de capacidades institucionales, la participación de la sociedad civil, el acceso público a la información, el respeto y cumplimiento de la ley y que se mejore la conservación del capital natural y no todo lo contrario».
