Según informa el diario El País, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el director de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, se reunieron este miércoles para analizar la marcha de la redacción de los pliegos para hacer el llamado a licitación de seis aeropuertos del interior que el Poder Ejecutivo pretende concretar en el mes de julio.
Uruguay cuenta con 11 aeropuertos con categoría internacional -dos de ellos son operados por un holding privado, Corporación América Airports:
los de Carrasco y Laguna del Sauce- y los otros nueve son administrados y mantenidos por el Ministerio de Defensa, los que debido a las estrecheces presupuestarias han quedado casi obsoletos en materia de equipamiento y tecnología.
Debido a ello, en el último día de su gobierno, el expresidente Tabaré Vázquez envió un proyecto de ley al Parlamento para crear el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, ambientando la privatización de las operaciones de ciertas terminales aéreas.
La iniciativa fue bien recibida por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y aunque se le introdujeron varias modificaciones, finalmente fue aprobada por el Legislativo con los votos contrarios de Cabildo Abierto.
A su salida de la reunión con Delgado, Martínez dijo a los periodistas que Economía y Defensa vienen trabajando hace dos meses en la elaboración de la documentación necesaria para la licitación, relevando los aspectos técnicos y de recursos humanos de las terminales aéreas.
Mediante un decreto del 9 de abril el Poder Ejecutivo definió los aeropuertos cuyas operaciones pretenden ser concedidas. Se trata de las terminales de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú. Para ser adjudicatarios de la concesión los privados deberán llevar a cabo las obras de infraestructura y acondicionamiento de las pistas, la tecnología de control de los vuelos y la modernización de servicios de tierra que permitan ambientar la llegada de más aeronaves de pasajeros y cargas.
Martínez explicó que se prevé una inversión inicial de parte de los privados de unos US$ 65 millones y que a lo largo del período de gobierno podrían superar los US$ 200 millones.
Los vuelos que lleguen a las terminales concesionadas pagarán a los concesionarios por los servicios que estos les brinden, al igual que ocurre hoy en los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. Por su parte, los adjudicatarios pagarán al Estado un canon anual por la explotación
