El acceso a la educación, la salud y la justicia será el tema de un ciclo de cinco talleres en los que se consultará la opinión de niños/as y adolescentes que habitan en localidades rurales de menos de 5.000 habitantes.
El primero de estos eventos, en los que se busca escuchar la voz de niños/as y adolescentes, se realizará este jueves 28 de abril en Carlos Reyles (Durazno). En la semana siguiente será el turno de Achar (Tacuarembó), y le seguirán José Batlle y Ordóñez (Lavalleja), Arévalo (Cerro Largo), y Villa Constitución (Salto), siempre durante el mes de mayo.
Se trata de talleres sobre derechos humanos cuyo objetivo es intercambiar, identificar y analizar las situaciones que se viven en esas localidades en torno al acceso a la educación, la salud y la justicia.
El ciclo es organizado por el área de Descentralización de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el Programa de Participación Infantil y Adolescente de INAU (PROPIA), en el marco del Proyecto Infancias y Adolescencia en Pueblos Rurales (PIAR).
El programa PROPIA promueve el conocimiento y ejercicio del derecho a la participación mediante el desarrollo de diversas propuestas para una población heterogénea de niños/as y adolescentes a nivel local, departamental, nacional e internacional. Para esto, diseña espacios de intercambio de experiencias a nivel departamental, regional y nacional para favorecer la efectiva participación de niños, niñas y adolescentes, generando impacto en las prácticas que diversos centros llevan adelante.
El proyecto de Infancias y Adolescencia en Pueblos Rurales, gestionado por la INDDHH, apunta a visibilizar las características de la niñez y adolescencia en el contexto rural y analizar de qué manera se verifica el acceso de esta población a la educación, la salud y la justicia, de forma de detectar vulneraciones, aportar y fortalecer las políticas públicas para el efectivo goce de tales derechos.
Según el Censo 2011, cerca del 16% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país vive en pueblos rurales, es decir, en localidades con menos de 5.000 habitantes y en la ruralidad dispersa.
Tal como se establece en el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016 -2020: «Toda política pública de primera infancia, infancia y adolescencia que pretenda incorporar la perspectiva de derechos debe concebir a los sujetos con derechos exigibles y, por ende, al Estado, la comunidad y las familias con obligaciones para su cumplimiento. Esto implica poner a los sujetos en el centro, con voz y voto en los procesos de elaboración de las políticas públicas».
