El coordinador de la Comisión de Inclusión Financiera Martín Vallcorba realizó una presentación sobre la actualización sobre la Ley de Inclusión Financiera en Tacuarembó.
Vallcorba destacó los avances alcanzados a partir del Programa de Inclusión, “se logró que sectores históricamente excluidos pudieran acceder sin costo a un conjunto de servicios financieros básicos”, tanto a nivel de personas como de empresas.
En los últimos cuatro años se emitieron más de un millón de instrumentos de dinero electrónico y unas 800.000 nuevas tarjetas de débito. Según Vallcorba, esas cifras significan que un millón de personas, aproximadamente el 40% de la población uruguaya mayor de 15 años, pudo acceder a un instrumento de dinero electrónico gratuito.
El economista se refirió al concepto de inclusión financiera en el que se enmarcan las iniciativas del gobierno en la materia. “La inclusión financiera supone el acceso universal a servicios financieros de calidad, con un énfasis particular en la posibilidad de un uso efectivo de los mismos”, dijo.
El jerarca presentó los primeros resultados e impactos que ya han comenzado a observarse en el sistema de pagos de Uruguay. En particular, destacó un notable aumento de las operaciones con tarjeta de débito, que se multiplicaron por cinco en términos interanuales luego de la implementación de la rebaja del IVA. “La cantidad de POS en la economía casi se triplicó en los últimos tres años, producto de los fuertes incentivos que se le brindaron a los comercios para la incorporación de dichas terminales”, expresó.
A su vez explicó que “el foco de las políticas públicas debe estar puesto en los clientes de menor madurez financiera”, entendido como tales a aquellas personas con pocos conocimientos financieros y digitales que carecen de capacidades para participar activamente de la transformación digital”.
Asimismo, señaló que las políticas públicas deben enfocarse en mejoras en materia de infraestructura digital y de pagos; políticas de inclusión financiera y digital; promoción de soluciones coordinadas y un entorno regulatorio e institucional, con un foco en la defensa de la competencia y la protección al consumidor.
