Escribe: Diputada Susana Montaner
Si se perjudica al Poder Judicial nos perjudicamos todos pero la que más pierde es la democracia.
Continuando con la reorganización funcional que inició tiempo atrás, la Suprema Corte de Justicia procedió -en este mes de marzo- a la redistribución territorial de competencia en los departamentos de Cerro Largo, Durazno y Tacuarembó.
El fundamento dado para ello en la Acordada nº 7894 de 13/03/2017 (difundida por la SCJ por Circular Nº 44/2017) fue el de «mejorar la distribución de los recursos, disminuyendo en parte las erogaciones que el Poder Judicial debe verter para su funcionamiento»
Es así que en su página Web informa que: “Se reorganizó el territorio jurisdiccional de la 10º Sección Judicial de Cerro Largo (Pueblo Arbolito), conformando una comunidad geográfica con los Juzgados de Paz Departamentales de Cerro Largo de 1º y 2º Turnos. El magistrado del Juzgado de Paz Departamental de Cerro Largo que por turno corresponda, actuando en su sede y en régimen de oficina única, se ocupará de las funciones correspondientes al Juzgado de Paz de la 10º Sección Judicial de Cerro Largo, de segunda categoría, como único titular de ambos juzgados, sin perjuicio de la comunidad geográfica ya existente.
Se reorganizó el territorio jurisdiccional de la 10º Sección Judicial de Durazno, conformando una comunidad geográfica con el Juzgado de Paz Departamental de Paso de los Toros (Tacuarembó). El magistrado del Juzgado de Paz Departamental de Paso de los Toros, actuando en su sede y en régimen de oficina única, se ocupará de las funciones correspondientes al Juzgado de Paz de la 10º Sección Judicial de Durazno (Pueblo Centenario) de primera categoría como único titular de ambos juzgados.
Se reorganizó el territorio jurisdiccional de la 8º Sección Judicial de Tacuarembó (Las Toscas de Caraguatá), conformando una comunidad geográfica con el Juzgado de Paz de la 7º Sección Judicial de Tacuarembó (Villa Ansina). El magistrado del Juzgado de Paz de la 7º Sección Judicial de Tacuarembó, actuando en su sede y en régimen de oficina única, se ocupará de las funciones correspondientes al Juzgado de la 8º Sección Judicial de Tacuarembó, de Primera Categoría, como único titular de ambos juzgados”
Nos somos ajenos a las dificultades presupuestales que ha debido afrontar el Poder Judicial durante los gobiernos frenteamplista ni cómo en la última ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo, ignoró sus necesidades.
Nuestro sistema se basa en una división de poderes, un sistema de frenos y contrafrenos que refuerza nuestra democracia. Para que ello siga existiendo debemos dotar al Poder Judicial de una mayor autonomía presupuestal. Necesitamos un Poder Judicial fuerte e independiente, para que juzgue y controle y no un Poder Judicial “castigado” mediante el retaceo de fondos que le impidan funcionar y le obligue a adoptar este tipo de resoluciones.
La medida comentada ocasionará no sólo dificultades para aquellas sedes judiciales que verán recargada su tarea en atención a que deberán atender un mayor volumen de asuntos que serán sometidos a su resolución, sino también para el ciudadano de a pie, que para ejercer sus derechos deberá recorrer mayores distancias, cuando no siempre cuenta con los recursos materiales o posibilidad de traslado hacia las nuevas localidades.
Tal es el caso de los vecinos de Toscas de Caraguatá que deberán recorrer 65,5 kms. hasta Villa Ansina para tener acceso a la justicia.
Se perjudica a los funcionarios judiciales y se perjudica al ciudadano, pero lo que es peor se perjudica al poder del Estado que juzga y controla, por lo que la gran perdedora es, nada más ni nada menos, que nuestro sistema democrático republicano.
El Partido Colorado estará estar muy atento en los próximos meses ya que se avecina la entrada al Parlamento de la ley de Rendición de Cuentas y con ella una nueva instancia de normas presupuestas que deberá remitir el Poder Ejecutivo para aprobación del Parlamento, lo que puede determinar la suerte de la justicia en los restantes años de Gobierno frenteamplista.
