Al término de su última sesión, el viernes último, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) lamentó que en Finlandia no haya un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos y expresó su preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay.
En la reunión del 15 de febrero al 5 de marzo, el CDESC recibió una denuncia de cuatro entidades sociales finlandesas, apoyada por más de 80
organizaciones no gubernamentales de Uruguay y otras partes del mundo, sobre las consecuencias negativas en materia de derechos humanos del contrato firmado por UPM y el gobierno uruguayo para la instalación de una nueva planta de celulosa.
En el punto (6) de las conclusiones de la sesión, el Comité de la ONU señala que «está preocupado por el impacto limitado de la aplicación» del Plan de Acción de Finlandia sobre Empresas y Derechos Humanos y «por la ausencia de obligaciones legales para que las empresas bajo la jurisdicción del
Estado parte (Finlandia) ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos».
Continúa diciendo que: «A este respecto, al Comité le preocupan los informes sobre la falta de una evaluación exhaustiva del impacto en los derechos humanos de un proyecto gestionado en el extranjero por UPM, una empresa domiciliada en el Estado parte (Finlandia)», refiriéndose a la actuación de UPM en Uruguay.
En el punto siguiente (7) de las conclusiones «El Comité recomienda que el Estado parte (Finlandia) adopte un marco normativo sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos que obligue a las empresas domiciliadas en el Estado parte o bajo su jurisdicción a identificar, prevenir y abordar las violaciones de derechos humanos en sus operaciones, incluso en el extranjero».
Y agrega: «Estas empresas deben ser responsables de las infracciones.
Las víctimas, incluidos los no nacionales, deberían poder acceder a recursos efectivos en el Estado parte (Finlandia)». En consecuencia, «el Comité insta al Estado parte a que lleve a cabo investigaciones cuando se le comuniquen informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por empresas finlandesas».
Por último, de acuerdo con el procedimiento de seguimiento de sus observaciones, el Comité de la ONU solicitó a Finlandia «que proporcione, dentro de
los 24 meses siguientes a la aprobación de las presentes observaciones finales, información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en el párrafo 7», es decir, la adopción de un marco normativo sobre empresas y derechos humanos.
La preocupación expresada por el Comité fue recibida con sorpresa por UPM en Finlandia. «Nos parece lamentable», declaró Saara Tahvanainen, Directora de Relaciones con los Grupos de Interés. La empresa alega que hizo varios estudios sobre la aplicación de los derechos humanos en Uruguay, pero las organizaciones sociales solicitan justamente una auditoria independiente al respecto.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
