Por distintas vías, Movimiento Uruguay Soberano y Cabildo Abierto promueven que contratos de empresas extranjeras que duren más de un periodo de gobierno deban pasar por el Parlamento
Lucía Abbate | Sala de Redacción *
El Movimiento Uruguay Soberano -previamente UPM 2 No- se impulsó en el 2018 tras el contrato estatal con la empresa UPM-Kymmene (UPM) para la instalación de una segunda planta de celulosa en Paso de los Toros. En oposición a la decisión estatal ideó una reforma constitucional a votarse en 2024 a través de un referéndum. Para este mecanismo necesitan recolectar 300.000 firmas -actualmente tienen 30.000- y preparan para fin de año una notificación sobre la iniciativa de reforma para el Poder Ejecutivo y las empresas involucradas.
Hoenir Sarthou, vocero de Uruguay Soberano, explicó a Sala de Redacción que el movimiento es «totalmente apartidario» y buscan la «soberanía» nacional. La iniciativa se plantea en contra del «se-cretismo» de la firma de acuerdos de estos últimos años en el Poder Ejecutivo con empresas multinacionales: UPM, Pfizer y Katoen Natie. Según Sar-thou, la notificación a las empresas se da para que las mismas no puedan sostener que «no estaban informadas» de que al firmar contrato con el gobierno uruguayo se someten a las «reglas de juego» del país y los mecanismos previstos en la Constitución.
El documento de iniciativa de la reforma constitucional de Uruguay Soberano se dirige a Asamblea General y detalla la modificación del inciso 7 del artículo 85 de la Constitución. En la redacción promovida por la reforma se indica que todos los contratos con «empresas u otros sujetos de derecho extranjeros, o con empresas privadas u otros sujetos de derecho privado nacionales» deberán ser autorizados por una ley «aprobada por tres quintos del total de los componentes de cada cámara».
Según el texto, los contratos que se someterán a este requisito deben contar con determinadas características: someter al Estado a normas extrana-cionales, otorgar garantía sobre futuros actos legislativos o normativos y mantener obligaciones más allá de un período de gobierno. Según explica Sarthou, lo que busca el movimiento es que el Poder Ejecutivo «de turno» no siga firmando contratos «en secreto» y que la sociedad uruguaya pueda «decidir» qué hacer con sus recursos. Sobre esto, explicita que «no es posible» que se firmen contratos por «50 o 60 años entregando el agua del Río Negro o el Puerto de Montevideo».
Líneas paralelas
Cabildo Abierto (CA) realizó una conferencia de prensa el 23 de noviembre y presentó un «proyecto de ley de anuencia de la Cámara de Senadores para perfeccionar los contratos del Estado, cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno». Con un propósito similar, pero con menos disposiciones que las de la reforma de Uruguay Soberano, los senadores de CA buscan la aprobación de la mayoría del Senado de la República para contratos estatales de un plazo mayor a un período de gobierno. En este sentido, el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, declaró que el proyecto busca dar más «crista-linidad» y «base política» a las decisiones estatales, ya que Uruguay cumple los acuerdos a «rajata-bla». En este sentido, Manini se refirió específica-mente al contrato de UPM y explicó que si la ley que promueven hubiese existido años anteriores se hubiera podido discutir si «todas las concesiones que se le dieron a UPM eran buenas o malas».
Consultado sobre la iniciativa de CA, Sarthou dijo que la «solución» del partido es «más moderada», pero que mantienen la misma inspiración. Agregó, además, que no tienen coordinación directa con representantes de CA y que el movimiento es ciudadano, con personas de todos los partidos preocupadas por la «soberanía». Igualmente, tuvieron apoyo a título personal de legisladores de CA, del diputado del Partido Ecolo-gista Radical Intransigente, César Vega, y de colectivos como la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, que decidió apoyar la reforma a través de una asamblea.
*Facultad de Información y Comunicación (UdelaR)
