Cuando una persona va a consultar a un médico, normalmente lo hace porque tiene un problema de salud para solucionar, y cuando una mujer consulta a una repartición que debe velar por la protección de las víctimas de violencia doméstica, lo hace con ese propósito. Sin embargo, Silvia Inés González Acosta no corrió con esa suerte.
Escribe: José Esteves
En el año 2015, Silvia consultó en el Servicio de Violencia Doméstica del Ministerio de Desarrollo Social porque su pareja la agredía físicamente, pero el caso no llegó a la denuncia policial. Seguramente en un hogar en donde la mujer es víctima de violencia de género, sus hijos también lo sean, incluso con solo ser testigos del hecho. Su caso como el de muchas mujeres quedó en un expediente, no hubo un seguimiento, y hoy Silvia Inés González Acosta de 43 años no está entre nosotros. El pasado viernes fue asesinada por su pareja, Rubén Flores González de 49 años de edad, quién posteriormente se auto eliminó en su hogar.
En Tacuarembó funciona una oficina en el Ministerio de Desarrollo Social que atiende a las personas víctimas de violencia doméstica, con asesoramiento legal y apoyo psicológico, pero no con la determinación de denunciar los casos ante la Justicia. En muchos casos son sabedores que hay mujeres víctimas de violencia física, verbal, económica o psicológica, pero no son denunciados desde allí, porque se considera que la denuncia la debe hacer la mujer o la víctima del hecho.
Semanalmente asisten 16 personas para consultar en dicho servicio, en donde se le informa sobre el grado de riesgo que está pasando.
Si usted como vecino de Tacuarembó es testigo que una persona de su entorno es víctima de violencia de género: ¿Lo denunciaría ante la policía o dejaría que lo haga la mujer cuando a ella lo considere? Cuando suceden estos hechos la sociedad se conmociona y salen múltiples opiniones al respecto, muchas de ellas respetables aunque no compartibles. Últimamente inmediatamente nos movilizamos bajo la consigna “Ni una menos”, responsabilizando a la sociedad por la muerte de una mujer. ¿Pero qué rol debe cumplir el Estado en estos casos? ¿Cuál es el que cumple actualmente? ¿Es únicamente la responsabilidad de la sociedad?
Si bien haciéndose la denuncia en su momento no garantiza que Silvia Inés estuviese hoy con vida, tal vez hubiese ayudado para que ella sintiese el apoyo social e institucional cuando sus derechos son vulnerados de forma violenta. Seguramente cuando la autoestima de las personas es afectada reiteradamente, el apoyo y la contención son pilares fundamentales para que esa persona tome las decisiones correctas para su vida y la de su familia.
El martes, desde la Comisión Departamental de Lucha contra Violencia Doméstica de Tacuarembó se convocó a una conferencia de prensa para repudiar el hecho e informar sobre los servicios con los cuales se cuenta en el Ministerio de Desarrollo Social. En la misma la referente en Tacuarembó del Instituto Nacional de las Mujeres, Luciana Tamborindeguy reconoció que Silvia Inés había consultado en los servicios del MIDES en el año 2015. A pesar de ello, desde dicha institución, se le solicitó a la sociedad un compromiso en estos casos, reconociendo que están trabajando con algunos avances, pero también con algunas fallas. “No todo está funcionando como quisiéramos, pero más allá de nuestras respuestas estas situaciones van a seguir pasando si no nos comprometemos como sociedad para informarnos sobre cómo actuar y con qué recursos se cuentan”, dijo.
“Ir a hacer la denuncia no siempre es la solución, puede ser una herramienta, pero debemos respetar la decisión de la mujer”, dijo Tamborindeguy al justificar los motivos por el cual desde el servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica no se opta por hacer la denuncia policial de los casos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se apuesta a que la mujer cumpla con un proceso interno para poder hacer la denuncia y hacerse cargo de la misma, para así poder salir del denominado “círculo de violencia”. Sin embargo, mientras esa mujer es víctima, tal vez su victimario reincida en su conducta con otras mujeres al mismo tiempo, o incluso con sus hijos, eso sumado a que durante ese proceso puede hasta terminar con su vida.
El servicio del Ministerio de Desarrollo Social está conceptuado como parte de un proceso para acompañar a la mujer para que cuando ella se empodere de la situación pueda salir del proceso de violencia. En el año 2015, Silvia Inés González recibió asesoramiento legal y apoyo psicológico, pero no hubo un seguimiento cercano de su caso, ni tampoco se optó por denunciarlo policialmente a pesar de saber de su situación en particular y que en el hogar habían también menores de edad que podían ser víctimas de violencia doméstica con el sólo hecho de ser testigos de la situación. ¿En esos dos años alguien se preocupó por saber cuál era su situación familiar?
Ya con el desenlace conocido por todos, desde el Ministerio de Desarrollo Social no se piensa en cambiar el protocolo de acción, más allá de un análisis interno que pueda realizarse para saber en dónde hubo fallas. Muchas veces la articulación entre las instituciones (Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, INAU, Poder Judicial) no garantiza un correcto diagnóstico de la situación ni tampoco la seguridad de las personas víctimas de violencia de género, motivo por el cual debería analizarse y replantearse las estrategias implementadas.
En referencia al caso, el Director Departamental de Salud, Carlos Benavídes consideró que los protocolos y acciones escritas están correctos y no se evalúa un cambio. “Hay situaciones que no se pueden evitar, porque como sociedad no hemos madurado y por eso pasan situaciones como éstas”, expresó al considerar que se debe trabajar en la prevención de los casos.
Según Benavides la sociedad patriarcal existente en Uruguay y la falta de respeto hacia la mujer, son factores claves, “porque cuando alguien le habla mal a una mujer en la calle nadie reacciona o poca gente reacciona y cuando se mata a una mujer no nos organizamos como sociedad para reaccionar para que no vuelva a pasar eso”, argumentó, olvidándose seguramente que la mujer asesinada golpeó la puerta de la institución Estatal que debería velar por su seguridad y la de su familia.
Actualmente el servicio de atención brindado por el Instituto Nacional de la Mujer funciona en 25 de Mayo N° 63 en la cual pueden concurrir las mujeres de 18 años de edad, contando con un acompañamiento psico – social y legal. Dicho servicio funciona mediante agenda por lo cual usted si es víctima de violencia doméstica se les brindará un día y hora para su consulta.
TOBILLERAS
Si bien en Tacuarembó está disponible el servicio de tobilleras no se ha implementado, pues desde la órbita judicial no hubo fallos que así lo requieran. “La señora que fue asesinada consultó en el año 2015 en el servicio sobre violencia doméstica del Ministerio de Desarrollo Social, se la acompañó, se visualizó el riesgo y se le mostró a qué servicios podía acceder, pero no optó por ninguno”, dijo Tamborindeguy.
