La iniciativa aborda uno de los temas que causa mucha sensibilidad y preocupación en el medio rural, además de que exige una solución inmediata la cual no es fácil de implementar.
por Hebert Dell’Onte | La Mañana
El diputado por Tacuarembó, Rafael Menéndez (Cabildo Abierto), presentó un proyecto de ley que, como él mismo lo explica en la exposición de motivos, “pretende ser un aporte a la solución del grave problema del ataque de perros a la ganadería uruguaya, especialmente al rubro ovino, el principal afectado”.
El legislador explica que el problema no es sólo el de las ovejas lastimadas, sino que, también, deriva en “sistemas productivos destruidos, puestos de trabajo que se pierden y el desestimulo a la producción”, además de que se violenta el bienestar animal tan importante en un país productor de alimentos. Y “no menos importante es el impacto psicológico” que sufren “productores familiares que de la noche a la mañana quedan sin su capital”.
Pero “es inadmisible” considerar la “instalación de perreras y de grupos de personas que salgan a exterminar perros a man-salva”, y “menos admisible culpar a los perros por errores que son humanos”, señala el legislador.
Por eso “la educación sobre tenencia responsable, constituirá la base fundamental en la solución del problema, sin embargo, llevará tiempo, mientras tanto debemos actuar con una normativa clara y definida que contribuya en la solución definitiva”.
Estamos ante un problema que “carece de estudios” y se plantea co-mo interrogantes cuál es la “cantidad de perros implicados” en cada ataque, la cantidad de ovejas afectadas y la “georefe-renciación del daño”. Con el proyecto de ley se “intenta generar herramientas legales que pueden generar posiciones encontradas entre diversos actores”.
Proyecto para minimizar daños de jaurías a la producción nacional
El proyecto consta de 9 artículos y establece “la obligación a propietarios y tenedores de perros que no estén castrados y chipeados, de mantener a éstos en condiciones que impidan su salida del predio” en horas de la noche.
Los propietarios que vivan en zonas rurales y que “castren e identifiquen mediante chip sus animales estarán exentos del pago de la patente anual” de sus perros.
La declaración jurada anual de semovientes se ampliará con la de “tenencia de perros” especificando las características de los animales y si está castrado y chipea-do”, con “dos fotos de cada perro del establecimiento (una de frente y otra de perfil) las cuales podrán ser utilizadas para identificar a los animales que hayan causado daños”.
Aquellos que posean perros en calidad de propietarios o tenedores, cuyos animales sean identificados “como causantes de daños a otros, estarán obligados a una indemnización equivalente a diez veces el valor del animal muerto o herido”, tomando como referencia los precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado. En ca-so de ser un animal de pedigre, “su valor lo determinará el mercado en la comercialización de animales de similar condición”.
A su vez “todo perro que sea transportado en un vehículo deberá estar chipeado y contar con la cédula correspondiente otorgada por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), correspondiendo al Ministerio del Interior “efectuar las inspecciones, solicitar la documentación correspondiente y determinar las sanciones por incumplimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 125 del Código Rural.
El artículo 125 señala que “los propietarios u ocupantes tienen el derecho de matar a los perros ajenos que encuentren en sus poblaciones o cerca de sus ganados, cuando aquéllos no acompañen o sigan a sus dueños o cuando, acompañándolos, se les separen para hacer daño o mezclarse con los ganados y moles-tarlos”.
Por otra parte, las 19 intendencias tendrán “entera responsabilidad” sobre “el control de los perros que habiten en los vertederos municipales, así como los daños causados por los mismos”.
Los “propietarios o tenedores de perros que incumplan con lo establecido” en el texto del proyecto de ley podrán ser multados con 5 a 100 unidades reajustables por animal en infracción, monto que administrará el INBA y será destinado al programa de fortalecimiento de albergues para animales.
