Hay desconfianza pese a la marcha atrás del gobierno con expropiaciones.
Si bien el Poder Ejecutivo dejó sin efecto las expropiaciones de dos padrones rurales en Durazno que parecían indicar que el gobierno retomaba la idea de subir la cota del embalse de Rincón del Bonete a 81 metros, los vecinos de San Gregorio de Polanco siguen muy molestos con la UTE.
Aseguran que su manejo del agua los dejó prácticamente sin playa este verano y afectó muy negativamente al turismo en la localidad.
En los considerandos del decreto del 28 de enero se indica que «luego de varios intercambios entre los técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería y la UTE se consideró necesario realizar un análisis del proyecto oportunamente elevado por el ente». Y agrega que «restan etapas de análisis por parte de los mencionados técnicos por lo que corresponde suspender las actuaciones vinculadas al proyecto de ampliación del lago de la represa Gabriel Terra dejando sin efecto el decreto» del 7 de enero. Ese decreto había designado dos padrones en el centro de departamento de Durazno para ser expropiados. Los decretos habían sido firmados, según explicó el ministerio, por un error. La exministra de Industria y precandidata oficialista, Carolina Cosse, quien ha pasado muchas temporadas en San Gregorio de Polanco, había ordenado dar marcha atrás con la idea que impulsa la empresa eléctrica para obtener ahorros.
Patricio Olivera, un productor de Durazno ribereño del río Negro, que ha hecho gestiones para evitar que UTE suba a 81 metros la cota del embalse, dijo a El País que la decisión trae tranquilidad pero que los ganaderos de la zona siguen esperando que se los convoque, junto a otros interesados, a la comisión que analizaría el tema.
El ministro de Industria, Guillermo Moncecchi y la directora de Energía, Olga Otegui, le entregaron una copia del decreto el martes a una delegación de habitantes de San Gregorio de Polanco. Otro grupo fue recibido por el precandidato presidencial oficialista Daniel Martínez.
Inquietud sigue.
Sin embargo, en San Gregorio de Polanco, una localidad de Tacuarembó de 3.500 habitantes que vive del turismo, hay mucha disconformidad. Javier Mendina, propietario de un hotel en la localidad dijo a El País que lo que daría tranquilidad total a los habitantes sería que UTE dejara sin efecto la decisión de diciembre de 2016 de subir la cota a 81 metros. Para mañana a las 20 está convocada una manifestación en San Gregorio contra la ampliación del embalse.
Mendina dijo que con el manejo del embalse que hizo este verano UTE la playa pública de San Gregorio que el año pasado tenía un ancho de 100 metros se vio reducida a 3. Según él, esto se debió a que UTE no abrió las compuertas en el invierno y en primavera pese a que se esperaba un verano lluvioso. Hoy la cota está en 80,75 metros y el movimiento turístico cayó 50% frente al año pasado porque «no hay playa», dijo el empresario.
San Gregorio tiene 1.500 camas para hospedaje y es el balneario uruguayo con más disponibilidad en este sentido, sin contar a los que están sobre el río de la Plata o el océano Atlántico. En una temporada buena recibe, en el pico del verano, de 18.000 a 20.000 personas. Y se generan ingresos de más US$ 5 millones en el primer trimestre de cada año. «El vecino se cansó de la UTE que ha actuado como un mal vecino», dijo.
Estudiarán el impacto que tendría en el agro
Vecinos de San Gregorio de Polanco encargaron un estudio para determinar qué efecto económico tendría sobre la producción agropecuaria la eventual inundación de 10.000 hectáreas que implicaría elevar la cota a 81 del embalse de Rincón del Bonete, que es la principal reserva de agua de UTE. La empresa entendía que una mayor disponibilidad de almacenamiento permitiría a UTE ahorrar US$ 205 millones en 20 años. Según Javier Mendina, uno de los portavoces de quienes se oponen en San Gregorio de Polanco a la posibilidad de subir el embalse, el perjuicio para el agro y el turismo superaría ampliamente el ahorro que obtendría la empresa pública. Se iban a realizar expropiaciones que abarcarían, en mayor o menor medida, a 750 padrones en Tacuarembó y Durazno.
