La imagen de Uruguay, ese pequeño país unos tres millones y medio de personas, ha venido cambiando en los últimos meses desde que se empezó a conocer el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, quien está detenido por falsificar pasaportes, pero que se lo acusa por otros delitos, entre ellos, espiar al menos a dos senadores opositores, interceptar llamadas y recibir coimas de parte de empresas privadas.
Lucía Barrios / Sputnik
Uruguay no suele estar en el foco de las agendas informativas en América Latina vinculado a casos de corrupción. Sin embargo, esa idea tan uruguaya resumida en la expresión «acá no pasa nada», está comenzando a cambiar luego de que semana tras semana el ya llamado «caso Astesiano» pone en aprietos cada vez mayores al Poder Ejecutivo.
El último hecho vinculado a este caso involucra a una empresa de «seguridad e investigaciones» que opera desde Estados Unidos y le encomendó al exjefe de la seguridad presidencial el armado de «fichas» con «información personal» sobre los senadores del opositor Frente Amplio (izquierda), Mario Bergara y Charles Carrera, informó el lunes el medio local la diaria.
Dicha información se dio a conocer luego de que se filtraran mensajes del Whatsapp de Astesiano que la Policía Científica logró recuperar de su celular. El gerente de la compañía, un militar retirado uruguayo, le pidió a Astesiano información de los dos senadores opositores dos semanas después de que los legisladores ampliaran una demanda penal por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.
«Los quieren atar para que retiren la denuncia (…) Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir», pidió el exoficial del Ejército en una comunicación con Astesiano el 18 de marzo.
En la primera semana de agosto, Astesiano recibió una transferencia de dinero por Western Union desde la compañía, informó la diaria.
El Gobierno llegó a un acuerdo con Katoen Natie para concederle la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo hasta 2081. El Frente Amplio presentó una denuncia en 2021 por presuntos delitos graves y apuntaba contra cuatro jerarcas que participaron del acuerdo. Sin embargo, el lunes, el fiscal que investigaba el caso, archivó la causa.
EL ORIGEN
El 27 de septiembre, la Justicia uruguaya dictó prisión preventiva para Astesiano, acusado de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil. El presidente, Luis Lacalle Pou, desvinculó de su cargo a su jefe de seguridad luego de que la justicia lo imputara por tres delitos.
Tras conocerse la detención de quién era hasta entonces el jefe de su seguridad, Lacalle Pou dio una conferencia de prensa en la que dijo estar «sorprendido» por la situación y negó que esta persona tuviera antecedentes penales. No obstante, al ser detenido, Astesiano reconoció tener antecedentes. El acusado tiene también más de 20 indagatorias policiales por diversos delitos, entre ellos hurto, estafa y apropiación indebida.
Luego de que algunos dirigentes del oficialista Partido Nacional (derecha) señalaran que le habían advertido al presidente sobre los antecedentes de Astesiano y se remar-cara en los medios que el prontuario del excustodio ya se conocía desde el 2020, el presidente dijo enterarse por la prensa de los antecedentes de su jefe de seguridad, aunque finalmente reconoció que sí sabía de las indaga-torias.
REUNIONES Y COIMAS
En los últimos días, la diaria informó que Astesiano coordinó una reunión entre Lacalle Pou y el número tres del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Según relata ese medio, un diplomático emiratí contactó directamente al todavía jefe de la seguridad presidencial por falta de respuesta de la cancillería para concretar el encuentro.
Días atrás, ese mismo medio informó que Aste-siano y funcionarios de su equipo distribuían «comisiones» a cobrar a empresarios españoles que visitaron la Torre Ejecutiva (sede del Gobierno) en mayo.
INTERCEPTACIÓN
Además, en los últimos días trascendieron mensajes en los que el ahora excustodio ofrecía a un empresario argentino el uso de El Guardián, un sistema del Gobierno que permite realizar escuchas telefónicas.
Frente a las acusaciones, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, negó ante el Parlamento que Astesiano tuviera acceso a El Guardián. Además, la diaria informó que Héctor Ferreira, subdirec-tor de la Policía, y Henry de León, director de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, están indagados por vinculaciones con Astesiano. Ambos se negaron a declarar. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que dijo que los jerarcas son «víctimas» de difamación.
Por otro lado, el 4 de noviembre se conoció que la Fiscalía investiga la utilización que Astesiano hacía de su acceso al Sistema de Seguridad y Moni-toreo del Ministerio del Interior, por su condición de encargado de la seguridad del presidente. Por su trabajo, el imputado tenía posibilidad de tener acceso a las cámaras del ministerio desde la Torre Ejecutiva.
LOS OJOS PUESTOS EN EL PRESIDENTE
A medida que avanza la investigación, la atención cada vez se centra más en el presidente. En las últimas horas se dio a conocer un nuevo hecho que no deja bien parado al mandatario: la fiscal a cargo del caso, Gabriela Fo-ssati, dijo a la prensa que pudo acceder al celular de Astesiano con el «requisito» de que los mensajes entre este y el presidente no fueran incluidos en la investigación.
Fossati entendió «totalmente razonable» el pedido de Presidencia teniendo en cuenta la investidura de la persona involu-crada.
Mientras desde el Gobierno negaron tal «requisito», la oposición calificó de «muy mala señal» la decisión de la fiscal, que defendió su actuación y criticó «las presiones de uno y otro lado».
El miércoles, Lacalle Pou dijo a la prensa que el Ministerio del Interior le manifestó a la fiscal su preocupación por las conversaciones personales que involucran a su familia y a él.
«Si el día de mañana esos chats se requirieran, me imagino que un juez los puede pedir (…) lo que ha quedado meridiana-mente claro es que no obstruimos en nada a la Justicia ni la investigación fiscal; es más, se trató de colaborar en lo posible», afirmó el mandatario.
VERSIÓN DE ASTESIANO
En momentos en que el caso estaba en el punto más álgido de la atención mediática, Astesiano brindó el martes una entrevista al diario El País, en la que aseguró que no tramitó ningún documento falso y negó haber incurrido en tráfico de influencias con jerarcas policiales.
Por el caso, la fiscal tomó declaración el miércoles a Ferreira y De León, entre otras autoridades policiales, quienes intercambiaron mensajes con Astesiano.
También el miércoles se dio a conocer una nueva encuesta de aprobación de la gestión del presidente.
De acuerdo a la Usina de Percepción Ciudadana, la aprobación de Lacalle Pou bajó de 40 por ciento a 35 por ciento entre los meses de octubre y noviembre.
Para el 52 por ciento de las personas encuesta-das, el caso Astesiano influyó en la valoración de la gestión presidencial.
