En función de una serie de datos e información obtenida de distintas fuentes el día 01 de febrero se puso en marcha una operación de inteligencia tendiente a la producción de más información y confirmación de datos existentes.
Es así que en el marco de la denominada “Operación BRINKE” llevada a cabo por efectivos de la BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS y DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN TÁCTICA, bajo la dirección de la FISCALÍA LETRADA, se despliegan una serie de vigilancias y seguimientos, pudiendo detectarse la presunta participación en actividades ilícitas de un funcionario policial del Instituto Nacional de Rehablitación, en conexión con varios internos de la Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 26 del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que dio lugar a una serie de diligencias llevadas a cabo el día 11 de marzo, que permitieron observar movimientos de entrega y recepción de bultos en una finca, jurisdicción de Comisaría Departamental Segunda y posteriormente también en el domicilio del funcionario investigado.
Posteriormente en el marco de la investigación es interceptado el funcionario policial, previo a su ingreso al lugar de trabajo, pudiéndose establecer que llevaba consigo celulares y una suma de dinero en efectivo, envueltos en una bolsa, en el interior de sus ropas. Con las primeras averiguaciones queda claro que el destino de los objetos era precisamente internos del establecimiento carcelario.
En el proceso de investigación preliminar se logra identificar a un total de siete internos que estarían vinculados con las maniobras ilícitas por lo que previa autorización judicial son conducidos a la Sede de Fiscalía para su indagatoria, luego de lo cual fueron reintegrados al establecimiento carcelario.
Cumplidas las actividades indagatorias y reunidos elementos probatorios el caso es llevado por el Ministerio Público en el día de ayer, ante el Tribunal interviniente; disponiendo mediante Oficio N° 57/2019, el Juzgado Letrado de Primera
Instancia de 1° Turno de Tacuarembó, luego de la audiencia correspondiente la formalización del funcionario policial, de 54 años de edad, que presta servicios en la Unidad 26 del INR, por la presunta comisión de un delito de cohecho calificado en reiteración con un delito de suministro de estupefacientes, en calidad de autor, con prisión preventiva por el término de 120 días; así también se dispuso la formalización de 5 masculinos, privados de libertad, recluidos en la Unidad 26, de 28, 23, 31 y 21 años de edad, por la presunta comisión de un delito de Soborno, en calidad de autores; y de una femenina de 44 años de edad, por la presunta comisión de un delito de soborno, en calidad de autora, estableciéndose para la misma medidas cautelares de vigilancia policial.
A la fecha se continúan las investigaciones en la órbita de la FISCALÍA con el auxilio de las reparticiones policiales involucradas.
