Plan de Gobierno – Senador Luis Lacalle Pou.
Ni refundación ni marcha atrás: evolucionar. Las sociedades democráticas evolucionan. Construyen sobre lo que se hizo bien, corrigen lo que se hizo mal, aprenden de sus errores.
Evolucionar requiere hoy un cambio de gobierno. El ciclo del Frente Amplio se agotó.
Tras quince años de mayorías parlamentarias propias y de condiciones económicas muy favorables, sigue habiendo demasiados problemas sin resolver:
En los últimos 4 años se han perdido alrededor de 50.000 empleos;
unos 150.000 jubilados perciben jubilaciones por debajo de 12.000 pesos
mensuales; sólo en Montevideo, unas 5.000 personas viven de la basura;
entre 2017 y 2018 se presentaron a concurso de acreedores más de 200 empresas; en 2018 hubo 414 homicidios, la cantidad más alta de toda la historia, y los hurtos y las rapiñas denunciadas aumentaron exponencialmente.
Tenemos una educación en crisis que castiga a los más débiles: sólo 4 de cada 10 jóvenes consigue terminar la enseñanza media; tenemos graves problemas medioambientales que afectan recursos esenciales como el agua; y tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos treinta años con una deuda pública de casi 40.000 millones de dólares, que va a caer sobre los hombros de las próximas generaciones.
Entre 2011 y 2019 se pasó de 589 asentamientos a 656, y de 165.000 mil personas a más de 180.000 viviendo en ellos.
Esta realidad no nos conforma. Creemos que un país mejor es posible y queremos participar en su construcción. Hacemos política porque tenemos sueños.
No pretendemos gobernar para los nuestros sino para todos los uruguayos. Queremos que el país evolucione y queremos seguir evolucionando todos.
El desafío: de la solidez política a la estabilidad económica y social
Uruguay se ha destacado a lo largo de la historia por ser un país con instituciones sólidas, con libertades individuales y una democracia reconocida a nivel internacional.
Esta solidez jurídica y política es un logro de todos los uruguayos, construido a lo largo de una historia que viene desde los tiempos de la independencia.
En el siglo XXI, esta fortaleza se ve reflejada por diversos indicadores internacionales, como el índice de libertad de Freedom House, el índice de democracia de la revista The Economist o el índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
Se trata de algo de lo que nos pone legítimamente orgullosos, y que hay que cuidar y mejorar cada día.
Pero el desarrollo nacional no sólo requiere instituciones políticas sólidas, sino también instituciones económicas confiables, que generen las condiciones para crecer de manera sostenida, y una sociedad integrada y segura, que permita convertir el crecimiento económico en oportunidades y mejora de la calidad de vida.
Tenemos que establecer reglas de juego claras en lo económico, impuestos justos, una macroeconomía predecible, una inserción internacional que ayude a nuestros exportadores, una regulación amigable con el inversor (ya sea grande o pequeño), una burocracia al servicio del país y no a la inversa, una educación que abra horizontes, una infraestructura de calidad que reduzca tiempos y costos, un mercado de trabajo que promueva la cooperación entre empresarios y trabajadores, una sociedad integrada y segura.
Todo eso está pendiente. Así como existen indicadores que muestran la solidez de nuestras instituciones políticas, también hay otros que muestran nuestras falencias, como el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, el índice de prosperidad del Legatum Institute o el índice de libertad económica de la Fundación Heritage.
Mientras las condiciones internacionales fueron favorables, Uruguay creció como casi todo el resto del continente. Cuando las condiciones fueron menos propicias, sin llegar a ser negativas, comenzaron los inconvenientes: crecimiento magro, caída de la inversión, destrucción de puestos de trabajo, incremento del déficit fiscal y del endeudamiento, inflación alta en términos internacionales y de los propios objetivos del Banco Central.
Hoy es necesario generar propuestas que pongan nuevamente de pie al país productivo y mejoren la calidad de la convivencia. El crecimiento económico es una condición necesaria, pero de ningún modo suficiente para lograr un camino de desarrollo que asegure una mejor calidad de vida de cada uruguayo. Es un deber del Estado brindar el marco para que esto suceda. A esa meta apunta nuestro programa.
