Hoy lunes a la tarde, la jueza civil de 15º turno Magela Otero dará a conocer la sentencia sobre el recurso de amparo que fue presentado por Movus
(Movimiento por un Uruguay Sustentable) el 5 de noviembre pasado, al considerar que las acciones que está realizando UPM en torno a su segunda planta vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía, y solicitan que la empresa finlandesa detenga las obras de UPM II hasta que no tenga todas las habilitaciones del proyecto.
Tras pedir una ampliación de la demanda, la jueza hizo lugar al recurso. En la primera audiencia, celebrada el 12 de noviembre, ambas partes presentaron sus argumentos iniciales y llevaron como testigos a técnicos para respaldar su posición. La jueza realizó consultas y pidió más información, que fue entregada en esta última audiencia el pasado miércoles 18.
El caso se está tratando en la Justicia civil, debido a que no existen juzgados especializados en derecho ambiental.
En la segunda audiencia, los representantes de UPM plantearon que no corresponde una acción de amparo, por considerar que se trata de un recurso que requiere la existencia de un daño inminente, situación que -a su entender- no se configura.
Ante eso, la defensa de Movus señaló que existe amenaza de daño y marcó que la Ley de Protección del Medio Ambiente (17.283) es una norma en la que rige el principio de prevención y precaución, y que en su artículo 3 plantea que la violación a la norma implica en sí un daño al ambiente.
Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente sostienen que las habilitaciones correspondientes se van dando en la medida en que el proyecto va cumpliendo diferentes etapas y que en ningún caso los retrasos en las habilitaciones acortan los tiempos de monitoreo previo.
Sin embargo, para Movus el proyecto no debería dividirse en etapas. «Si no tenés resuelto cómo va a afectar lo que contamina, no podés iniciar la construcción; no vas a hacer toda una inversión para que después te digan que no», señaló Speranza, abogado de Movus.
(En base a la diaria)
