La Justicia concedió prisión domiciliaria a un grupo de reclusos alojados en cárceles del interior que integran la población de riesgo más
proclive a contraer Covid-19.
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, no precisó el número de presos beneficiados con la medida. Sin embargo, indicó que hubo más de 150 solicitudes de libertad anticipada, que la Justicia está estudiando.
En abril Petit remitió un informe a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la vicepresidente Beatriz Argimón, en el que recomendó otorgar prisión domiciliaria a los presos que estén purgando condenas por «delitos leves, (y) penas pendientes de corto plazo» en el medio de la pandemia. La recomendación de Petit seguía lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Petit explicó ayer que si bien en otros países se optó por amnistías, indultos o liberaciones parciales, en Uruguay son los defensores privados y de
oficio los que solicitan ante el juez conceder beneficios a los reclusos más vulnerables. Petit dijo que el proceso está resultando “lento”.
«Algunas liberaciones han ocurrido. Es un caso a caso, los proceso son lentos. Hay más de 100 casos en trámite. Por ahora las liberaciones han sido muy acotadas. Uruguay ha funcionado de esa manera. En cada país han habido distintos mecanismos», dijo.
