Las palabras de Manini se critican desde dos sectores: los que desde el gobierno dicen que al cuestionarse la Justicia se pone en entredicho el papel de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, y desde el lado de los partidos políticos que han abierto las causas; que han llevado a que Manini diga que la Justicia está flechada.
Es lógico que desde otro poder del Estado se defiende la actuación de la Justicia, pero eso no puede hacerse sin te ner en cuenta las múltiples actuaciones de jueces y fiscales, que han dado muestras en ese sentido. No me refiero solo a los delitos de lesa humanidad, sino a las actuaciones que han llevado a que funcionarios policiales hayan sido absueltos en casos de enfrentamientos con delincuentes y su actuación deja serias dudas en cuanto a su legalidad.
Eso ha sido así por la presión pública acerca del funcionamiento de la justicia que pide mano dura contra los delincuentes y no le importa quién sea el que la emplee.
En 1972, cuando las FF.AA. asumieron la lucha contra las organizaciones subversivas, lo hicieron con el mandato de los poderes Ejecutivo y Legislativo y con el apoyo de la mayoría de la opinión pública uruguaya. La policía era incapaz contra esas organizaciones y se imponía un cambio de rumbo en las actuaciones.
¿Qué era ese cambio de rumbo? Aplicar mano dura y así quedaron sin investigarse muertes dudosas de gente en las calles y en cuarteles. ¿Por qué? Porque el poder político y la mayoría de la población respaldaron el accionar de las FF.AA.
Nadie cuestionó los métodos con que los militares se impusieron contra los sediciosos. Ni desde las organizaciones políticas ni desde las civiles: sólo las víctimas y sus familias, pero su actuación contra la legalidad las invalidaba en buena medida.
Con la dictadura debilitada, tanto desde adentro como desde afuera del Uruguay, comenzaron a alzarse voces que pedían su cese, pero ¿qué pasó? Las FF.AA. sabían que cometieron crímenes, incluso contra gente inocente y la garantía que creyeron tener –nadie les iba a reclamar nada- estaba en el aire. Pusieron condiciones para retirarse: impunidad y la prisión simbólica de Wilson Ferreira Aldunate.
Las fuerzas políticas intervinientes, Wilson incluido, aceptaron.
Consiguieron así el fin de la dictadura y además que nadie les cuestiona su papel a partir de la declaración del Estado de Guerra. «Era un pacto de caballeros».
Tras la liberación de los presos, el MLN, la organización más fuerte entonces, necesitó justificar no solo su derrota, sino la forma fulminante en que se produjo y adujo dos razones: 1) la tortura y 2) la traición.
Comenzó entonces un relato que magnificó esos dos factores y se crearon leyendas acerca de los rehenes y de las condiciones en que estuvieron presos; se magnificó también el papel de alguno de los supuestos traidores, como es mi caso, todo para evitar que se conocieran las responsabilidades de quienes salieron de la cárcel convertidos en héroes por la misma generación de uruguayos, que aplaudió su derrota, por los mismos militares que empezaban a ser cuestionados por sus actuaciones.
Los militares, que se habían negado a ser incluidos en la ley de Amnistía empezaron a ver que su situación peligraba, tanto como institución como en lo personal para algunos de sus integrantes.
Dirigentes del MLN hicieron creer en la interna que no habían abandonado su intención de volver a la lucha armada, para intentar mantener la unidad y su papel de dirigentes que desde la base se les cuestionaba. Era época de tupa-bandas y de poli-bandas, de ayuda desde el exterior y de ajustes de cuentas nunca aclarados. Algunos dirigentes del MLN y las FF.AA. sintieron que estaban en peligro y llegaron a un acuerdo: el MLN no reclamará ni por sus muertos ni por sus desaparecidos y en cambio las FF.AA. guardaran silencio acerca del comportamiento de esos mismos dirigentes, ampliamente cuestionados por sus compañeros. Otro pacto de caballeros. Esta vez lo hicieron el General Medina, F. Huidobro y Mujica como los firmantes.
Aunque ya se habían destruido archivos a partir de 1985 se puso especial énfasis en la destrucción de lo que quedara pero ese acuerdo no alcanzó al PVP, que había sufrido tanta represión como el MLN, ni al Partido Comunista, que la sufrió más que los dos anteriores.Son estas dos organizaciones las que empezaron a promover distintas investigaciones que obligaron a una solución de compromiso:
una treintena de militares serían juzgados y sentenciados en 2006, por delitos cometidos entre abril ey octubre de 1976.
https://donde-estan.com/2016/02/03/actas-del-procesamiento-a-nino-gavazzo/ Todos los crímenes, de haberse cometido, estaban prescritos. Fue un juicio político, ya que se violaron las disposiciones que impiden que
las penas se apliquen con retroactividad a la fecha en que fueron firmados los tratados internacionales.
Esto sí que socava la confianza en la Justicia. Cuando una sociedad permite que determinados individuos que la forman sean juzgados con criterios políticos y no jurídicos, se entra en un terreno que es demasiado peligroso o cuando esa confianza se mira desde el mismo poder que tiene que garantizar la Justicia, estamos al borde de que se cometa cualquier arbitrariedad.
Lo digo hablando por mi propia experiencia. Campañas de prensa, presencia de testigos que se presentaron voluntariamente a declarar, aunque nunca me habían conocido, tal como lo reconocieron, un fiscal que actuó mancomunadamente con uno de los acusadores, un testigo militar que confirmó un señalamiento callejero, pero no recuerda ni el nombre ni el lugar en que la detención se produjo, palabras dichas con sentido irónico fueron tomadas en su sentido literal.
No hablo ni de la amnistía ni de la prescripción de los delitos. En síntesis, una farsa.
No estoy diciendo que los militares no hayan torturado ni que algunos no hayan cometido crímenes. Ellos mismos lo han reconocido pero: ¿se ha aplicado estrictamente el Código Penal o se los está castigando por el hecho de ser militares? Cuando se divulgaron las actas del tribunal de honor a Gavazzo, tomó estado público que reconoció haber intentado desaparecer el cuerpo de Gomensoro.
Tremendo escándalo, que llevó al propio Manini a que se solicitara su procesamiento por incumplimiento de las normas. Sin embargo a los pocos días se supo que tanto Gonzalo Fernández como el mismo Tabaré Vázquez, éste como presidente del Gobierno y Fernández como secretario de la presidencia, conocían las declaraciones del
mismo Gavazzo.
¿Cuántos incumplieron las normas? ¿No fue el intento de procesamiento a Manini, en plena campaña electoral, otro juicio político? ¿Qué papel jugaron los otros implicados, como Miguel Toma? Manini tiene todo el derecho a creer y afirmar que la Justicia estaba flechada, porque esa es la razón por la cual se dio forma a la Fiscalía especializada. Para condenar retroactivamente a militares por delitos de lesa humanidad cuando todavía no estaban caratulados de esa forma y eso es ilegal.
Manini no debió hablar del espíritu de venganza, porque nunca la va a poder probar, pero la ilegalidad salta a la vista.
Además ¿el papel de la prensa? ¿Cuánta responsabilidad le cabe en todo este proceso? ¿Cuántos medios no solo han callado ante estas irregularidades sino que las han alentado e incluso promovido? ¿De qué sirve el Código Ético aprobado por APU? ¿Qué papel están jugando tanto el PVP como el Partido Comunista, que callaron ante los pactos de silencio y de impunidad llevados adelante por sus socios en el FA? ¿Cómo es que estos partidos toleran estas ilegalidades, cuando ellos fueron víctimas de otras ilegalidades?
¿No es esto venganza? Estas cuestiones son las que impiden que Uruguay se aboque a su verdadera recuperación, que tiene que ser ante todo de índole moral. Nada puede construirse sobre una historia falsa, como la que soporta Uruguay desde hace muchos años.
Escribe Héctor Amodio Perez.
