No deja de sorprender que nuestra democracia -moderna y avanzada a decir de los políticos- no disponga de los mecanismos jurídicos apropiados y eficaces para evitar que, presuntos delincuentes y fugitivos de la justicia, se burlen y se aprovechen de esa democracia.
Un día sí y otro también, asistimos al poco edificante espectáculo de ver cómo, presuntos delincuentes y hasta fugitivos de la justicia, anuncian sus candidaturas para, tras las correspondientes elecciones –suponiendo que puedan acreditarse personalmente- ocupar escaños en ayuntamientos, comunidades autónomas, Parlamento Nacional y hasta pretenden representarnos en instancias europeas.
Y todo debe ser legal, a juzgar por el desahogo con que lo hacen y la naturalidad con la que sus pretensiones son recibidas por las fuerzas políticas.
Por eso no deja de sorprender que una democracia como la española, al decir de los políticos moderna y avanzada, no disponga de los instrumentos jurídicos apropiados y eficaces para evitar que se aprovechen de esa misma democracia, para burlar y denigrar al país que la sustenta y a la sociedad que, en aras de su soberanía, la hace posible.
Será legal, pero es inaudito y hasta indignante.
Juan García.
JGRodriguez
Cáceres – España
