El cese del Título 42 no será, como muchos migrantes sueñan, un atajo para entrar sin líos a Estados Unidos: por el contrario, ahora tendrían que demostrar que no tenían más remedio que dejar sus países.
Sin embargo, la pesadilla establecida en plena pandemia de covid-19 por el presidente Donald Trump no acabará por ahora, pues el juez federal Robert Summerhays frenó la iniciativa de la actual administración demócrata de acabar con la restricción.
Ocurre que los inmigrantes detenidos bajo esta normativa no son retenidos en áreas especiales para ser procesados, sino que son inmediatamente expulsados: los mexicanos y centroamericanos por tierra, y de otros países en avión.
Summerhays, magistrado del Tribunal del Distrito Oeste de Luisiana, argumentó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) no siguieron los procedimientos correctos para poner fin al polémico mandato.
¿FALLO BUROCRÁTICO?
Aunque las autoridades sanitarias consideran innecesario el Título 42, el jurista señaló que igual toda disposición demanda un proceso de notificación y comentarios, algo que potencialmente puede demorar meses.
Según Summerhays, existió una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, y oír eso vetó el fin del Título 42 y, por ende, los funcionarios fronterizos todavía pueden rechazar de manera express a los migrantes en la frontera sur de EEUU.
La indignación fue inmediata: cientos de personas protestaron frente al consulado de EEUU en Tijuana contra la prolongación de la normativa, que echa por tierra la idea del presidente Joe Biden de eliminarla.
La bronca es mayor entre los migrantes con su esquema de vacunación completo, que se sienten discriminados al ser vetados de ingresar a la nación norteña, pese a que ya no representan una amenaza de propagación del covid-19.
Por lo pronto, la Casa Blanca anunció que recurrirá el fallo de Sum-merhays.
VIEJA MEDIDA
El Título 42 no es algo ni remotamente nuevo: su aprobación data de 1893, con la idea de proteger a la Unión de las recurrentes epidemias de cólera y fiebre amarilla, aunque rara vez fue invocado.
El expresidente Trump (2016-2022) la activó el 20 de marzo de 2020, para poder deportar sin demora a los mi-grantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, lo cual afectó sobre todo a los solicitantes de asilo.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU, desde su implementación han sido deportadas 1,7 millones de personas.
Para Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), calificó de «incorrecto» el fallo de Summerhays y cuestionó a los gobiernos de Arizona, Luisiana y Missouri, impulsores de la demanda para frenar su cese.
«La demanda es el colmo de la hipocresía; los estados que la presentaron solo parecen querer restricciones de covid-19 cuando se trata de solicitantes de asilo», señaló Gelernt en un comunicado.
El activista recordó que existe una orden judicial paralela en Washington que prohíbe el uso del Título 42 para expulsar a familias que enfrentarían persecución o tortura, como pasa con muchos de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur.
A la demanda presentada por los mencionados estados se unieron luego otros, en su mayoría liderados por el Partido Republicano, quienes alegaron que el levantamiento de la normativa dispararía el ingreso de migrantes.
Los CDC aseguran que la situación del covid-19 está bajo control en Estados Unidos, por eso varios activistas coinciden en que las trabas al levantamiento del Título 42 son meros pretextos con una dosis de xenofobia y populismo.
(Sputnik)
