COMUNICADO DE PRENSA
Más de 60 asociaciones ambientalistas y de derechos humanos, Amigos de la Tierra Internacional, el Movimiento Mundial por los Bosques, el Movimiento
Cultural Internacional Our Voice y decenas de organizaciones uruguayas entre ellas, adhirieron a la demanda de cuatro organizaciones sociales finlandesas para que las Naciones Unidas (ONU) verifique si las actividades de la multinacional UPM en Uruguay están respetando los derechos humanos económicos, culturales y sociales de la población.
Friends of the Earth, New Wind Association, Emmaus Aurinkotehdas y ATTAC de Finlandia denunciaron los impactos negativos del contrato de inversión firmado por UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay y apelan a los gobiernos de Finlandia y Uruguay a que cumplan las obligaciones asumidas bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales guiados por el organismo de la ONU autorizado para evaluar,
monitorear y orientar la implementación de esas obligaciones (*).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) a cargo de la implementación del Pacto por parte de los Estados signatarios
se reunirá del 15 de febrero al 5 de marzo para considerar la situación al respecto en Finlandia y Letonia. El informe presentado por organizaciones sociales
finlandesas incluye el caso de UPM como empresa cuyo origen y sede se encuentra en Finlandia.
Se recuerda que los Estados tienen atribuciones para controlar a «las corporaciones constituidas bajo sus leyes, o que tienen su sede estatutaria, administración central o lugar principal de negocios en su territorio». Por lo tanto, el Estado finlandés «tiene que usar ese poder de control para asegurar los derechos humanos en particular en mega inversiones público-privadas en el exterior como ésta», agregan.
«Como UPM es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones», afirma la denuncia.
«Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato
de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay», señalan las organizaciones finlandesas al CESCR.
La nueva inversión de UPM en Uruguay afectará la calidad y el acceso al agua, las condiciones del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas, el trabajo, la vivienda y los transportes de maneras que amenazan con violar los derechos humanos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, el agua y la vivienda, y los derechos humanos a la salud, un medio ambiente limpio y seguro, la cultura, el trabajo y la educación.
Las organizaciones finlandesas proponen que se realice una revisión independiente, avalada por los respectivos órganos de la ONU, para evaluar dichos impactos. El 16 de febrero, el CESCR escuchará a un representante de las entidades denunciantes. El Comité se reunirá en los días siguientes con una delegación del gobierno finlandés, para dar a conocer sus observaciones finales al término de sus sesiones..
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
