El abogado Juan Ceretta, que lidera el trabajo, dijo que estos errores son «excepcionales», pero que «un caso ya justifica el proyecto».
El abogado Juan Ceretta impulsa junto a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el comisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit el proyecto «Inocencia», que busca visibilizar los casos de privados de libertad que podrían estar enfrentando condenas injustas por fallas en el proceso judicial.
Por otra parte, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que dirige el propio Ceretta cursó una solicitud de acceso a información pública sobre los establecimientos de larga estadía. Según la información difundida por el Instituto Nacional de Personas Mayores (Inmayores), dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), hay 37 residencias de ancianos en Montevideo que están bajo riesgo inminente debido a sus condiciones edilicias, higiénicas y alimenticias.
Sobre estas dos iniciativas en la mañana de este miércoles Romina Andrioli, co conductora de En Perspectiva en Radiomundo, dialogó con el abogado Juan Ceretta. «Inocencia» es un proyecto de investigación y extensión de la Facultad de Derecho que comienza en estos días y que busca trabajar sobre los
casos de personas privadas de libertad que están injustamente en prisión.
«Es una experiencia que nace en Estados Unidos, tiene muchos años allá. Después se trasladó a Latinoamérica y fue tomada por algunas universidades. Acá surge de conversaciones cotidianas y el vínculo que tenemos con el comisionado parlamentaria para el sistema penitenciario (Juan Miguel Petit)», contó Ceretta.
«No es que vayamos a litigar o a hacer juicios, o a sustituir el rol de los defensores en los procesos penales. Sino que busca dar una mirada
académica a la realidad de los procesos penales en Uruguay», explicó Ceretta.
Consultado sobre si estima que hay muchos casos de presos que fueron condenados injustamente, el abogado lo negó, y dijo que «son situaciones raras, excepciones», pero que «un caso ya justifica el proyecto».
«No es la regla que haya condenas a inocentes o que haya aplicación de penas injustas, sino todo lo contrario. Pero sí advertimos en charlas
con el comisionado parlamentario que hay algunos relatos de presos que son coherentes con una presunción de inocencia y que vale la pena estudiarlo», señaló.
Ceretta aseguró que todo tipo de situaciones pueden ser amparadas, y contó que esta semana, por ejemplo, se reunirán con la mesa de mujeres
privadas de libertad para que el proyecto tenga una perspectiva de género.
Por último, Andrioli le preguntó donde estima que están las fallas en los procesos, y si no se estaría suplantando el trabajo de los defensores de oficio: «No (lo suplantamos), porque puede que encontremos que las fallas se deben a un error en el diseño institucional y que el defensor de oficio no estuvo en condiciones de advertirlo o de encontrarlo o de solucionarlo. No somos la auditoría de nadie. las cosas que vamos a encontrar presumo que van a estar a favor (de los
defensores), y que van a demostrar lo mucho que hacen con tan poco.
RESIDENCIALES EN RIESGO
Sobre la situación en los residenciales, Ceretta relató que se eligió el tema porque los estudiantes manifestaron que «cada tanto la sociedad se
escandaliza de esta situación pero al día siguiente se da vuelta la página y todo sigue igual. Por eso plantearon hacer algo que mueva la estantería y que
obligue a cambios sustanciales».
El abogado contó que las acciones de la clínica comienzan con una etapa de investigación para tener «una foto lo más compleja posible de la situación de los residenciales» y así «definir que estrategia se va a utilizar», por esto se comenzó con un pedido de acceso a la información pública que informó por primera vez el listado de los residenciales en peores condiciones. Con respecto a la situación de estos centros de larga estadía, el entrevistado explicó que a raíz
de la pandemia las familias no pueden asistir a ver a sus adultos mayores, por lo que la «forma de control natural que había sobre las condiciones del lugar, que era la visita de los familiares» se pierde por razones sanitarias.
«Presumimos una situación de vulneración de derechos, pero fue mucho más fuerte de lo que esperábamos encontrar.
Personas con sujeción sin orden médica para ellos.
Es una situación de extrema gravedad. Condiciones de hacinamiento, insuficiencia de alimentación. Son todas condiciones que vulneran los establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por nuestro país», contó.
Sin embargo, Ceretta se lamentó que la clínica es semestral por lo que el grupo de estudiantes ya terminó el curso. «Hoy empezamos el segundo semestre con estudiantes nuevos. Empezaremos debatiendo sobre dónde hay que hacer el foco primero y que acciones administrativas y judiciales resultan pertinentes», indicó.
Sobre las acciones a tomar, dijo que se trata de un escenario «complejo y preocupante» y señaló que hay varios actores involucrados: las personas mayores con derechos vulnerados, las familias, las instituciones privadas que se encargan de su estadía y el Estado como garante de la tutela de esos derechos fundamentales.
«Cada actor tiene distinta naturaleza y hay que considerar a cada uno en su rol. Lo que sí voy a intentar hacer reflexionar a los estudiantes es que
ningún diseño institucional puede permitir que se vulneren derechos fundamentales de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad solo por
su edad. (…) Está claro que el diseño institucional y la falta de posibilidades materiales de tutelar los derechos no es una razón suficiente», dijo.
Ceretta insistió en los defectos en la fiscalización y en los controles por parte del Estado y señaló que también se puede realizar un reclamo judicial contra los dueños de los locales: «Condiciones que vulneran derechos humanos no están admitidas ni para privados ni para públicos. En los casos en que son constatados se puede pedir perfectamente la clausura de los centros».
Además, señaló que en algunas situaciones concretas «puede haber responsabilidades penales de los responsables de cada centro», pero anticipó que aún no se trabaja sobre ese punto.
Montevideo Portal / En Perspectiva