El excapitán del Ejército uruguayo Dardo Víctor Barrios, denunciado por torturas en la última dictadura (1973-1985) y extraditado desde Paraguay, quedó libre este miércoles luego de que su defensa interpusiera dos recursos, dijo a Sputnik el edil de la Comisión de DDHH de la Junta de Maldonado (este), Joaquín Garlo.
«Su defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad y otro de prescripción, su defensa fue llevada adelante por la doctora (Graciela) Figueredo, abogada del Centro Militar, (Barrios) quedó en libertad y se le obligó a fijar domicilio, se le retuvieron sus documentos y se le cerraron las fronteras», informó Garlo, edil del partido Frente Amplio (centroizquierda).
Agregó que, en el marco de la medida cautelar dictada en el Juzgado de Maldonado, Barrios fijó domicilio en la capital uruguaya, «no puede dejar la ciudad de Montevideo sin autorización judicial».
Barrios llegó a Uruguay este miércoles extraditado desde Paraguay ante la denuncia por tortura de jóvenes en el Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, en la dictadura.
LA DENUNCIA FUE EFECTUADA POR LAS VÍCTIMAS EN 2011.
El exmilitar llegó al Aeropuerto de Carrasco en Canelones conducido por efectivos de Interpol Paraguay que lo derivaron a miembros de la policía internacional en Uruguay quienes lo trasladaron al Juzgado de Maldonado al que llegó a las 11:30 hora local (14:30 GMT), informó el edil.
La audiencia celebrada este miércoles fue solo por el caso de la denuncia de tortura y «no por otros de homicidio y desaparición forzada ya que, por una cuestión administrativa, la extradición respecto de esos expedientes no fue sustanciada», indicó Garlo.
«Cuando se hizo el pedido de extradición se lo hizo en función de ese expediente y no en otros en los que él (Barrios) también está involucrado como el homicidio de Francisco Chocho (militante del Partido Nacional, centroderecha, muerto en 1972) y la desaparición forzada de Horacio Gelós Bonilla (del Partido Comunista, secuestrado en 1976 y desaparecido) y el homicidio de Eduardo Mondello (militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, muerto en 1976)», explicó.
El edil de la comisión de derechos humanos dijo que lo que «preocupa a los militantes de los distintos colectivos y a los que estamos en la lucha por memoria, verdad y justicia es el riesgo de fuga que representa esta situación de libertad de esta persona».
Añadió que «probado ya que cuando ni siquiera había sido indagado aún ya había dejado el país, ahora no tenemos las garantías suficientes como para asegurarnos de que va a permanecer en territorio nacional y afrontar el proceso penal que sigue por delante».
Garlo acompañó a familiares de las víctimas, denunciantes y a los colectivos de derechos humanos y el movimiento sindical que estuvieron en las afueras del juzgado mientras transcurría la audiencia.
(Sputnik)
