El gobierno de la coalición multicolor presentó como logros de una renegociación lo que son, en realidad, ajustes menores del contrato con la multinacional
finlandesa UPM, para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país. Se ratifica así un acuerdo que, además de un mal negocio con graves impactos sociales y ambientales, constituye una entrega del Uruguay, al ser violatorio de la soberanía nacional.
Hasta la asunción del presidente Lacalle Pou pudo existir la falsa expectativa, a partir de sus declaraciones anteriores, de una modificación del contrato firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero UPM se encargó ahora de aclarar que el acuerdo sigue vigente en todos sus términos y se produjo el triste espectáculo, en donde miembros del gobierno actual y del anterior se disputan la paternidad de lo firmado.
El presidente Lacalle Pou presentó como logros de una renegociación, lo que fueron acuerdos sobre temas pendientes del contrato firmado con UPM por
el gobierno de Tabaré Vázquez.
UPM confirmó este hecho en su comunicado diciendo que: «Ambas partes están plenamente comprometidas y ejecutando el acuerdo de inversión existente
firmado entre UPM y el Gobierno de Uruguay en noviembre de 2017».
El comunicado oficial del gobierno afirma que se habrían ahorrado para Uruguay el pago de 128 millones de dólares por obras de infraestructura vial y eléctrica y de 140 millones de dólares en 20 años por pago de energía eléctrica.
No existe ninguna reducción y, aunque existiera, sería un ajuste menor si lo comparamos con los 4.000 millones de dólares que cuestan al país las obras para viabilizar el proyecto de UPM.
Al mismo tiempo, el presidente sostuvo que UPM invertirá 55 millones de dólares adicionales en un nuevo vivero en Sarandí del Yi y la ampliación de la planta
química en Fray Bentos. Sin embargo, según voceros del gobierno anterior, esas inversiones ya estaban previstas y esto fue ratificado por la empresa al decir en su comunicado que «el marco total de la inversión de UPM permanece incambiado».
Este momento es aprovechado por UPM para anunciar un acuerdo con la empresa Kemira para ampliar su producción en la zona franca de Fray Bentos.
Según UPM, «Esta expansión permitirá abastecer tanto a la planta actual en Río Negro como a la futura en Durazno y mejorará aún más la eficiencia y la seguridad de abastecimiento a través de una mayor producción de suministros producidos en Uruguay».
Kemira elabora cuatro insumos químicos que son fundamentales para la producción de celulosa. Algunos de estos productos son tóxicos y altamente peligrosos, por lo que normalmente son elaborados al lado de la planta de celulosa. Contrariamente a lo que dice UPM, al tener que transportarlos de Fray
Bentos a Paso de los Toros se agrega un nuevo factor de riesgo para la población y el ambiente en Uruguay.
Otra sería la historia si el modelo productivo de estos dos gobiernos, en lugar de destinar esos recursos a servir a una empresa productora de celulosa que opera en zona franca, los dedicaran a crear fuentes genuinas de trabajo y producción para beneficio de todos los uruguayos.
Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable seguiremos, junto a numerosas organizaciones sociales que se oponen a este proyecto, procurando la anulación de los contratos firmados.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) 18 de mayo de 2020.
