El Convenio de Telesur fue suscripto por Uruguay y Venezuela en marzo de 2005 y preveía la conformación de una empresa multiestatal regional con el objetivo de crear un medio de comunicación audiovisual
El Gobierno de Uruguay formalizó su retiro de Telesur y Banco del Sur mediante notas firmadas por el Canciller Ernesto Talvi, dirigidas al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, el viernes 13 de marzo. Estas medidas se basan en el principio rector de la política exterior: no integrar uniones basadas en afinidades político-ideológicas. Este fundamento también justifica la reciente salida del país de la Unasur, el pasado 10 de marzo.
Telesur y el Banco del Sur forman parte de un entramado institucional construido en base a alineamientos políticoideológicos que el país se propone abandonar y complementan el retiro de la Unasur, que fue
anunciado el pasado día 10 de marzo.
El Convenio de Telesur fue suscripto por Uruguay y Venezuela en marzo de 2005 y preveía la conformación de una empresa multiestatal regional con el objetivo de crear un medio de comunicación audiovisual.
Asimismo, el Convenio Constitutivo de Banco del Sur fue suscripto en setiembre de 2009 por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se trata de una entidad financiera de derecho público internacional con sede en Caracas, creada con el objetivo de financiar el desarrollo de sus países miembros.
Por su parte, Uruguay realizó una intervención sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH). El pasado 10 de marzo, en el marco de la actualización que la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó sobre la situación en Venezuela, Uruguay manifestó la necesidad de continuar avanzando y profundizando la cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el gobierno de Venezuela.
Asimismo, enfatizó la persistencia de graves limitaciones a los derechos y las libertades fundamentales que confirman que en Venezuela no rige la democracia ni el Estado de Derecho y que lo antedicho es responsabilidad de quienes ocupan el gobierno.
En su intervención, Uruguay exhortó al gobierno venezolano al cumplimiento de los compromisos contraídos con
la Oficina de la Alta Comisionada e instó a aumentar el número de representantes de la Oficina en Venezuela y proceder a la brevedad a la reapertura de la Oficina residente.
(ICN Diario)
