Entre 2015 y 2017, el Poder Judicial realizó 14.102 solicitudes de información al Servicio de Material y Armamento sobre el origen de las armas sujetas a procesos judiciales y solamente el 2,48% tenía denuncia de extravío. Además, 5682 carecían de registro.
La información fue suministrada por el legislador Carlos Daniel Camy (Partido Nacional) en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado del pasado 16 de junio. Camy pidió a la Comisión que se estudie el proyecto de ley relativo a la tenencia de armas.
“En la legislatura pasada se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Representantes una ley que prorrogaba el plazo que establece el artículo 6º de la Ley n. º 19247, del año 2014, que regula la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas y municiones”, agregó Camy.
El senador de Alianza Nacional expresó que “a partir de algunos pedidos de informes realizados oportunamente, se detecta que no se logró el objetivo que la ley perseguía, que era la entrega de armas de manera voluntaria”.
“Entre los años 2015 y 2017, según lo que resulta de la respuesta a un pedido de informes al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional, se entregaron de forma voluntaria 1362 armas.
Tengamos en cuenta que desde 1943 a la fecha hay en el registro aproximadamente unas 605.000”, sostuvo el parlamentario.
Asimismo, “también hicimos un pedido de informes al Poder Judicial y de la respuesta resulta que en el mismo período realizó 14.102 solicitudes
de información al Servicio de Material y Armamento sobre el origen de las armas sujetas a procesos judiciales y solamente el 2,48 % tenía denuncia
de extravío. Además, 5682 carecían de registro”.
Para Camy, “de esto se desprende claramente la situación en que está la tenencia de armas en el país. Pero si esto también lo enmarcamos en que la
tenencia irregular de armas está tipificada en el artículo 152 del Código Penal como un delito penal, miles de uruguayos están en una situación
delictual, con enormes dificultades para poder tramitar el permiso”.
En ese sentido, “estamos hablando de cazadores, etcétera, y lo que más me preocupa es que en el interior es muy normal heredar una escopeta o un revólver del abuelo. Basta, según nos han dicho varios abogados, que una persona tenga un arma vieja de mero adorno en una barbacoa para que, si no está registrada, quede en una situación penal concreta”.
Entonces, “la Ley Nº 19247, a pesar del loable fin con el que fue elaborada, no advirtió que la suma de instancias que hoy tiene un ciudadano que quiere regularizar sus armas provoca dificultades tales que hacen que sea prácticamente imposible completar el trámite, por la que la gentedesiste. Esto puede implicar el riesgo de que las armas ingresen al mercado negro, porque la gente puede llegar a venderlas por no poder regularizarlas, y también hay
una situación de practicidad”.
Según Camy, “en la última información que requerí, me dicen que el servicio de balística da 20 números por semana, cuando estamos hablando de cientos de miles de armas que deben regularizarse”.
En la ley que se sancionó en la legislatura pasada –recordó- “se realizaron incorporaciones que la bancada del Frente Amplio nos trasladó a través del señor senador Carrera. Por ejemplo, se agregó que el plazo de prórroga también se promocionara a través de los medios de comunicación, de manera que la gente se enterara, porque hay muchos que no saben. Esto, en definitiva, tampoco sucedió”.
Lo que plantea este proyecto de ley, puntualizó Camy “es prorrogar el plazo establecido oportunamente para que entrara en vigencia a partir del 5 de enero de este año, que fue cuando quedamos en la situación que estamos pretendiendo cambiar”.
Por ello, “me parece que el tiempo apremia.
Estaríamos hablando de una prórroga de dos años, en el entendido de que esto se pueda corregir, y no de ingresar en la posibilidad –que sé que tal vez algún legislador pueda manejar– de ir a la corrección directa de la ley. La idea es simplemente tomarnos dos años para regularizar la situación de cientos de miles
de tenedores de armas y, al mismo tiempo, promover efectivamente una campaña que haga conocer la situación a todos los interesados en nuestro
país”.
En suma, dijo Camy, “lo que planteo es que, si la comisión está de acuerdo, se incorpore el tema dentro de las prioridades de la comisión, básicamente porque esto se aprobó por unanimidad y en definitiva, desde el 5 de enero estamos en la misma situación que se pretendió corregir en la legislatura pasada”.
San José Ahora
