Economía

El uso de dinero en efectivo tiene un costo de al menos US$ 341,6 millones al año El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que ya fue votado en el Senado y ahora estudia la Cámara de Diputados establece cambios en la ley de  Inclusión Financiera que generan polémica. Hasta ahora el empleador debe abonar el salario al trabajador a través de cuenta bancaria o dinero electrónico y no puede hacerlo en efectivo (salvo en localidades de 2.500 habitantes o menos). A su vez, el empleado tiene la libertad de elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico prefiere cobrar su sueldo (es gratis) y también tiene la libertad de retirarlo en una sola vez y así disponerlo enteramente en efectivo. La LUC establece que «sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo», el pago del sueldo «podrá» (la ley de Inclusión Financiera dice «deberá») realizarse mediante cuenta bancaria o dinero electrónico. La LUC indica además que «la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador». A su vez, sobre el pago de honorarios profesionales que también hasta el momento debe hacerse a través de cuenta bancaria o dinero electrónico y no admite el efectivo, la LUC señala que «podrá efectuarse en efectivo hasta un máximo equivalente a 1 millón de Unidades Indexadas» (4.644.900 de pesos a hoy, unos US$ 108.665). También cambia la restricción al uso de efectivo para la compra de bienes. La ley de Inclusión Financiera establece que toda operación superior a 40.000 Unidades Indexadas ($ 185.796, unos US$ 4.346) no podrá hacerse en efectivo. La LUC lleva esa límite «hasta 1 millón de Unidades Indexadas». Es decir, negocios por hasta US$ 108.665 se podrán pagar con efectivo. El presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat defendió ante la comisión especial para tratar la LUC de Diputados. «Con el tema de la opción a cobrar en efectivo, lo que se buscó fue priorizar la libertad de los distintos individuos a poder ejercer ese derecho. Cuestiones como la evasión, las desigualdades en el mercado laboral y los costos que puede generar al Estado, notoriamente nos pueden preocupar y, seguramente concordamos con las preocupaciones, pero no es el motivo del artículo y fue lo que yo quise decir. Nos preocupa, pero no es lo que se plantea. Lo que se pensó fue dar una opción más al trabajador», afirmó Labat. El presidente del BCU se refirió a los «costos que puede generar para el Estado» porque pese al mito popular, el uso del dinero efectivo tiene un costo. Una de las críticas de algunos comerciantes es que al favorecerse el uso de la tarjeta de débito o de dinero electrónico, deben asumir un costo que es el pago de un arancel (actualmente el máximo está en 1,15% del precio de venta) a los bancos y por el alquiler de un POS (el aparato por donde pasa la tarjeta). Sin embargo, no reparan en que cada vez que utilizan efectivo también asumen un costo. ¿Cómo es esto? Un estudio del propio Banco Central identificó en el uso de efectivo el «costo de producción de billetes y monedas, costo de transporte y seguridad en que incurren los bancos y comercios y los costos incurridos por los consumidores en términos de honorarios pagados y otros costos implícitos como el costo de liquidez, costo de tiempo y otros costos asociados con el riesgo de mantener efectivo». El estudio titulado «El costo de usar efectivo y cheques en Uruguay» señaló que en el país se «ha promovido el uso de instrumentos de pago electrónico y ha probado en la economía real una moneda digital del BCU llamada e-peso. La digitalización de los sistemas de pago reduciría los costos de transacción al reemplazar (parcialmente) los medios de pago menos eficientes» como «por ejemplo el papel moneda y los cheques». Los técnicos del BCU, Marcelo Alvez, Rodrigo Lluberas y Jorge Ponce identificaron cuánto es el costo de usar efectivo y quién lo paga. Mediante el cruce de datos de diferentes bases y la utilización de metodología aplicada en estudios previos de este tipo en otros países, los autores llegaron a la conclusión de que «el costo de utilizar efectivo en Uruguay es aproximadamente 0,61% del Producto Interno Bruto (PIB)», esto equivale a US$ 341,6 millones. «Resulta interesante que 98,1% de este costo es asumido por el sector privado: 77,1% por banca y comercio (13,1% y 64% respectivamente) y 21% por hogares», agregaron. El otro 1,9% restante es el costo para el propio Banco Central. Así que los comercios tienen un costo de US$ 218,6 millones al año por usar efectivo y las personas de US$ 71,7 millones. «El costo principal de usar efectivo para bancos y minoristas es el asociado con el transporte y la seguridad» mientras que «los consumidores incurren en tres tipos de costos cuando usan efectivo: costo de tiempo para retiros de efectivo, costo de tiempo en la caja registradora y costo de oportunidad de mantener liquidez», se afirmó en el trabajo. No obstante, los US$ 341,6 millones son el «piso» del costo que tiene el uso de efectivo en Uruguay. «El costo privado para bancos, comercios y hogares de usar dinero en efectivo sería incluso más alto que las estimaciones anteriores si se consideran los costos de los delitos relacionados con el efectivo», afirmaron los autores. «Por ejemplo, uno podría agregar como costo de usar efectivo el valor del efectivo robado, así como el costo de los homicidios y lesiones en delitos relacionados con el efectivo. Además, los costos incurridos en la prevención de delitos relacionados con el efectivo también se considerarían como un agregado al costo del uso del efectivo», añadieron. Estos costos relacionados con el delito no fueron estimados al no tener datos suficientes, indicaron los técnicos del Banco Central. Un estudio del BCU detectó lo que pagan comercios y hogares por el uso de efectivo. Publicado en bankmagazine.com.ar, en base a El País, Uy