Pablo Mieres
El estallido de protesta expresado por un número creciente de productores rurales y empresarios comerciales reclamando cambios inmediatos en la política económica que les permita recuperar, al menos, algo de la competitividad perdida en los últimos años, pone de manifiesto una situación que es reflejo de un problema serio que viven los sectores productivos desde hace varios años.
El peso del Estado, a través del cobro de impuestos y tarifas públicas crecientes, se ha convertido en un grave problema que determina que vayan quedando por el camino centenares de pequeños productores de los diferentes sectores. A su vez, incluso aquellos sectores que muestran los mayores niveles de productividad y calidad a escala mundial, como es el caso del sector arrocero, no obtienen rentabilidad, al punto de que la superficie que se decidió sembrar para la próxima zafra es menor que la de la zafra 2017.
Las gremiales empresariales, no sólo agropecuarias, vienen señalando este grave problema desde hace tiempo y, a pesar de ello, el gobierno no ha dado ninguna respuesta concreta a estas demandas.
Este movimiento de productores surge de manera independiente con respecto a las estructuras gremiales representativas. Algunos creen que es el resultado de “manijas políticas intencionadas”. Podrá haber quienes busquen aprovechar políticamente esta situación, pero lo cierto es que el estallido es espontáneo y quienes recorremos el país con frecuencia, lo veíamos crecer de manera visible en los últimos meses del año pasado.
Es un grave error de apreciación política descalificar este movimiento como un simple reflejo de intenciones partidarias. Esto es bien diferente.
La respuesta presidencial no ayuda nada. Una respuesta distante, burocrática, fría y, sobre todo, con un toque de soberbia muy inapropiado. El gobierno “patea la pelota para adelante” y no hace ningún gesto de distensión.
Las razones de la protesta son sumamente válidas y fundadas en hechos reales y contundentes. Sin embargo, las iniciativas de protesta orientadas a bloquear las rutas nacionales deben ser rechazadas con firmeza. No sólo no obtendrán ninguna solución por esa vía, sino que además estarán afectando a otros sectores productivos que también sufren la misma problemática que origina la protesta.
Sería una buena cosa que estas protestas se canalicen de manera sensata y exigente a través de las estructuras institucionales de representación gremial. Veremos si ello ocurre en los próximos días.
Lo cierto es que, mientras tanto, el 2018 será también un año de complejas negociaciones en el plano sindical, porque se instalarán Consejos de Salarios que abarcan un gran número de sectores de actividad. Por lo tanto, también desde el movimiento sindical vendrán reclamos y demandas vinculadas con aumentos salariales que se cruzan y chocan con los problemas de competitividad ya señalados.
Por su parte, la economía del país sigue mostrando importantes niveles de déficit fiscal y un creciente endeudamiento público. No hay control sobre el gasto público y nada indica que se tomen medidas para reducirlo.
Para completar el panorama, el partido de gobierno ha exhibido cada vez mayores niveles de confrontación interna que se harán más intensos en este año que, encima, es decisivo para la definición de las candidaturas presidenciales del año próximo, con todas las pulseadas y juegos de poder que implican.
Por lo tanto, la falta de fuerza y la debilidad en la capacidad de decisión del gobierno agregan otro condimento que profundiza la preocupación sobre lo que ocurrirá en este año.
En síntesis, nosotros no tenemos dudas. El camino adecuado a recorrer debería ser tomar medidas inmediatas de recuperación de la competitividad del aparato productivo, asumiendo los costos fiscales que implicarían y promoviendo que las negociaciones salariales prioricen la mantención de los puestos de trabajo y el empleo sobre las posibilidades de aumentos salariales. Además, deberían tomarse un conjunto de medidas de control y freno del gasto público y asumir que nuestro atraso cambiario debería corregirse de manera gradual pero sostenida. Esta es la única forma posible para apostar a la reactivación genuina por la vía de la recuperación de la competitividad para aumentar la producción e incrementar el empleo.
Sin embargo, la postura del gobierno no permite ser optimistas con las decisiones que habrán de tomarse en los próximos tiempos. Es probable que la decisión del gobierno sea “seguir llevándola” hasta llegar a los tiempos electorales. Mientras tanto, el país y su gente sufrirán un preocupante deterioro de las condiciones de producción y empleo.