Fue tema de discusión entre técnicos y usuarios, que veían que en la mayoría de los países las personas son dueñas de su número de teléfono y lo mantienen aunque cambien de operadora. Fue también el centro de un proyecto de ley que quedó encajonado en el Parlamento en las últimas dos legislaturas –lo presentó el senador colorado José Amorín Batlle– y de un pedido de una compañía telefónica al órgano regulador.
Ahora la portabilidad numérica llegó al anteproyecto de la ley de urgente consideración del gobierno electo.
En un capítulo específico, se declara que la portabilidad numérica es «un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil» y que «los operadores de servicios de telefonía móvil» estarán obligados como parte del servicio a que el usuario pueda «conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador».
Las compañías telefónicas privadas dijeron no haber sido consultadas aunque apoyan el espíritu de la medida.
Sin embargo, advierten sobre los costos del cambio de sistema. A su vez, el avance hacia la portabilidad numérica genera críticas por parte de autoridades del gobierno actual, entre ellos el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya, quien cree que Claro y Movistar son favorecidas por varios artículos del proyecto.
El director de Marketing de Movistar Uruguay, Fernando Leis, dijo ante la consulta de El País que la compañía está a favor «de todo aquello que potencie la industria y brinde más opciones a los consumidores», aunque señaló que «para que ello suceda, será imprescindible contar con procesos transparentes que garanticen la confidencialidad de la información de los clientes».
Desde Claro, el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales para Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro
Quiroga, dijo que «cabe esperar a que asuman las nuevas autoridades de gobierno para opinar» y también para «conocer los alcances de esta iniciativa».
Además, señaló que Claro aspira a «entender cómo se abordarán otras cuestiones en las que existen claras anomalías de competencia en Uruguay», como los precios de interconexión de llamadas de voz –“son injustificables, en el orden de US$ 0,06” cuando en América Latina el promedio es menor a US$ 0,01, indicó Quiroga– y «la distorsión competitiva en el acceso al espectro (para dar servicios móviles y de datos), con valores diferenciados según el operador».
En enero del año pasado, Claro había presentado una petición formal ante la Ursec solicitando que se habilite la portabilidad numérica. El documento sostenía que «hoy en día la portabilidad es técnica y económicamente abordable», y podría implementarse «en el corto plazo en Uruguay». Cendoya de Ursec dijo al respecto ayer: «Nosotros aguantamos la estocada de la empresa, el nuevo gobierno parece que no».
Acerca del cambio hacia un nuevo sistema, Leis de Movistar dijo que el proceso «reviste de una gran complejidad técnica y requiere de importantes inversiones en la red». Detalló que esos costos recién podrán ser
cuantificados cuando se definan «los mecanismos y esquemas técnicos necesarios para implementar» la portabilidad.
La propuesta del gobierno electo establece que la Ursec diagramará «un cronograma» para implementar la medida, y deberá conformar un comité -»con personas de notoria solvencia y experiencia técnica en la materia», aclara- en los 60 días posteriores a la promulgación de la ley.
Estos expertos deberán realizar «estudios técnicos y de impacto económico» sobre el cambio del sistema, para resolver «la plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica». Otra disposición subraya que «los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario».
El ejecutivo de Movistar expresó que para que esto ocurra «se deberá de implementar un esquema técnico y operativo sencillo y eficiente que se adecue a las condiciones de nuestro mercado». Destacó como «positivo» que el proyecto incluya «un proceso público de consulta a los operadores, en el cual estaremos participando activamente y volcando, no solamente nuestros conocimientos técnicos, sino también las mejores prácticas en la materia, con el propósito de que la portabilidad se implemente en forma eficiente y segura para los usuarios».
En enero de 2018, el director Nacional de Telecomunicaciones, Rodrigo Díaz, dijo a El País que el gobierno tiene argumentos contrarios a la portabilidad: incorporar un nuevo sistema con una entidad externa que gestione una base de datos que debe ser consultada previo a cada comunicación implica mayores costos, un delay (retraso)
en las llamadas y hasta problemas de confiabilidad en la transmisión.
Fuente: El País
