Se desarrollará la Presentación de los Protocolos para el Abordaje de situaciones de maltrato y violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes el jueves 30 de Mayo en Complejo Barrios Amorín, de 14 a 18 horas. Estará a cargo de las referentes del Área Programática de violencia basada en género y generaciones del Min Sal Dra. Irene Petit y su equipo.
Está dirigida a personal de salud, educación, Inau, Caif, Mides, Ministerio del interior e integrantes de la comisión departamental de lucha contra violencia basada en género y generaciones.
La OMS identifica tres tipos de abuso sexual hacia niñas, niños o adolescentes
- Abuso sexual sin contacto (amenazas de abuso sexual, acoso sexual verbal, solicitud de favores sexuales, exposición indecente, exposición de la o el menor a pornografía).
- Abuso sexual con contacto, lo que incluye las relaciones sexuales con penetración o intento de penetración (agresión o violación sexual).
- Abuso sexual con contacto que excluye las relaciones sexuales con penetración pero incluye otros actos, como contacto inapropiado, estimulación por medio de caricias y besos. A menudo, el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes se hace sin fuerza física, más bien por medio de la manipulación (psicológica, emocional o material).
El protocolo determina distintas etapas en el abordaje de las situaciones de abuso. La primera es la “promoción de vínculos saludables y prevención de la violencia sexual”. En esta etapa las y los operadores de la salud deben “favorecer el desarrollo de factores protectores” en la familia y en la comunidad. “Enseñar el respeto que el cuerpo merece comienza con la propia actitud profesional en la consulta”, explica el protocolo.
La segunda etapa es la “detección de indicadores clínicos y paraclínicos”. Existen distintos indicadores: de daño psíquico según la edad, consecuencias según el sector del sistema nervioso afectado y sentimientos y conductas habituales en niñas, niños y adolescentes que atravesaron situaciones de violencia sexual.
Además, el protocolo presenta el relato de la víctima como un indicador de “alta especificidad” y señala que “la revelación de una situación de violencia es un proceso gradual, complejo e individual”. “En los servicios de salud nunca debe desestimarse el relato de una niña, de un niño o de un adolescente por ser confuso o incompleto”, indica. También brinda los criterios de validación del relato que detalla de manera muy precisa distintas características de la revelación.
La tercera etapa es la “valoración del riesgo de la situación de violencia sexual”, que se centra en el momento del examen físico y de la entrevista con la o el menor abusado y el adulto referente (que nunca debe ser la persona que agrede). En este momento se llevan a cabo los exámenes pertinentes para evacuar dudas respecto de las infecciones de transmisión sexual. Además, el protocolo presenta “recomendaciones y buenas prácticas” para las entrevistas.
El protocolo brinda de manera exhaustiva herramientas para la correcta práctica profesional en el examen físico y destaca que “la ausencia de evidencia física no significa que no hubo violencia sexual”. Señala que la sospecha de violencia sexual se plantea siempre frente a tres casos: el relato espontáneo de la niña, el niño o la o el adolescente, la presencia de infecciones de transmisión sexual o ante un embarazo en una niña o adolescente.
En los casos de embarazo producto de violencia sexual el protocolo explica que estos “generan un daño que la maternidad profundiza”, y por esto el equipo de salud debe generar las condiciones para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, señala que “el aborto en contra de la voluntad de la niña o adolescente víctima de abuso no se plantea como una opción válida desde el punto de vista ético y legal”.
También en esta etapa se introducen las “Pautas de atención a las situaciones de violencia sexual en los servicios de urgencia y emergencia” que se deben utilizar si se presenta un caso de agresión sexual antes de pasadas las 72 horas del abuso.
La cuarta etapa es la “respuesta de primera línea” que pretende intervenir en la crisis y reducir “los daños físicos y psíquicos causados o que pudiera causar la violencia sexual a corto, mediano y largo plazo”. En ese momento el profesional que toma contacto con la situación debe “escuchar, brindar contención emocional, definir la necesidad de incorporar otras disciplinas conformando un equipo de trabajo, evaluar el tipo de situación, evaluar las repercusiones de la violencia sexual, comenzar la valoración del riesgo de la situación, evaluar la existencia de redes de apoyo y recursos comunitarios [para la víctima], valorar la necesidad de medidas de protección urgente e indagar intervenciones previas”.
El protocolo facilita para esta etapa un esquema muy intuitivo que en base a preguntas sobre la situación –por ejemplo, “¿Existencia de intercambio de secreciones y/o sangre? Sí/No”– indica qué pasos deben seguirse. En este se sugiere que incluso cuando el examen físico no arroje elementos que sugieran abuso sexual se debe hacer un seguimiento del caso.
En esta etapa se trata el mecanismo de denuncia penal del abuso. Según el protocolo la judicialización puede tener un doble propósito: por un lado, la adopción de medidas de protección y, por otro, la persecución penal del delito. Señala que “en ese equilibrio siempre deben prevalecer los derechos de la niña, el niño y la o el adolescente y su no revictimización”. También se brindan las herramientas resueltas por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que generó un diagrama general de orientaciones que presenta vías de denuncia e información sobre los procedimientos penales, policiales y de atención a la víctima.
