Uno de los indicadores más seguros de un régimen democrático es su capacidad para tratar públicamente los temas militares, no solo con libertad sino también con seriedad, dignidad, racionalidad y franqueza.
La polémica provocada recientemente por las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, es un ejemplo excepcional para ponerla a prueba.
En primer lugar, es muy importante el saber tratar los temas militares que siempre han estado rodeados de un halo de misterio y de ignorancia, sobre todo en nuestro país, problema del que adolecen incluso los dirigentes de las organizaciones de izquierda …
Pocas veces el país se ha visto sacudido por tantas noticias preocupantes, sobre todo vinculadas a una institución tan cara al respeto colectivo como son las Fuerzas Armadas.
Volviendo al tema central que nos ocupa, es la «sanción» que se le ha impuesto al Comandante en Jefe del Ejército, hecho inédito en este país. Dos ideas centrales se desprenden de tal situación: que los militares no deben intervenir de ninguna manera en la política y que los militares están sometidos al control político del señor Presidente de la República.
El tratamiento del tema, fue hecho con el mayor respeto por parte de la prensa (salvo excepciones), también los políticos más serios trataron de darle la importancia real que merecía el hecho, insistiendo en la “confianza absoluta” que merecían las Fuerzas Armadas, en que el principio constitucional según el cual el Presidente es el Comandante en Jefe está “fuera de toda discusión”.
Pero lo más grave son las opiniones de algunos políticos, que en forma descarada tergiversaron los hechos y trataron de explotar el escándalo.
Desgraciadamente, menos aun fueron los que trataron de poner la polémica en sus justos términos, planteando la necesidad de una discusión seria de los verdaderos motivos que llevaron al Teniente General Manini Ríos, a plantear los temas que inquietan a las FFAA, con la seguridad de que sus motivos, no fueron ni conspirativos ni antidemocráticos y el manoseo público que se está haciendo sobre sueldos y jubilaciones, sin mencionar que más del 50% de los altos sueldos, pertenecen a «altos grados» amnistiados, restituidos y recompensados en democracia.
La sanción impuesta al Tte. Gral. Manini Ríos por el Poder Ejecutivo, en mi opinión revela que en el sector político prevalece aun una actitud de desconfianza, temor, sospecha y debilidad, ante un acto que a mi entender no lo justifica y que ninguna actitud antidemocrática se podría desprender del mismo.
El señor Presidente de la República, con esa decisión, intenta debilitar aun más el más alto mando militar. La actitud del Comandante en Jefe es ciertamente polémica, como lo son todas las cosas graves e importantes. Pero discutámosla; lo que no debemos es tergiversarla o ignorarla.
Los riesgos de la militarización de lo político y de la partidización de lo militar, pueden llegar a constituir el inicio de un círculo vicioso más devastador que el que hemos vivido y del que vivimos.
De nosotros, la sociedad civil, depende que esto no ocurra, pues a los mandos institucionales con dignidad, no se las acorrala.
Jorge Azar Gómez
Ex representante de Uruguay ante ONU
