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Hay delitos cometidos por la última dictadura cívico militar de Argentina (1976-1983) que todavía no han sido juzgados. Este sábado 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Son cuatro décadas sin que la justicia argentina haya determinado las responsabilidades de los mandos militares argentinos que torturaron a sus propios soldados conscriptos durante el conflicto, llevándolos en muchos casos a la muerte. Ana Delicado Palacios Estaqueamientos y crucifixiones fueron algunas de las crueldades que padecieron los excombatientes argentinos cuando fueron enviados a las Islas Malvinas para enfrentarse contra Reino Unido por aquel territorio austral, ocupado desde 1833. Los teléfonos de campaña, conocidos como magnetos, se convirtieron en picanas eléctrica. Hubo soldados que fueron enterrados en pozos hasta el cuello, y otros que fueron obligados a introducir sus miembros inferiores en el agua gélida de los charcos que se formaban en la geografía de la isla, lo que les ocasionó gangrenas y amputaciones. «Fueron las mismas metodologías que se utilizaron en los centros clandestinos de detención durante la dictadura», cuenta a la Agencia Sputnik el secretario de derechos humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Ernesto Alonso. TESTIGOS DE UNA INFAMIA Lo afirma quien vio con sus propios ojos a soldados estaqueados y a otros combatientes muertos por hambre o congelación. Alonso no es el único testigo. Una causa judicial que investiga las torturas contra excombatientes en Malvinas, iniciada hace 15 años, ha reunido más de 180 testimonios de víctimas y declarantes. En el caso han sido imputados más de 130 militares. Cuatro de ellos fueron procesados y una veintena más fue llamada a declaración indagatoria. Los soldados conscriptos estaban forzados a combatir en Malvinas por la ley de servicio militar obligatorio vigente en ese momento. Fueron enviados a una guerra « por una dictadura militar que también trasladó el terrorismo de Estado a ese lugar», arguye Alonso, miembro de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (este), un organismo autónomo que promueve políticas públicas de derechos humanos. Pero en abril de 2021, el máximo tribunal penal del país se inclinó por no investigar las violaciones de derechos humanos que el CECIM considera delitos de lesa humanidad, así como el juzgado de primera instancia de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego (sur), y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Ri-vadavia, en el distrito de Chubut, según refiere Alonso. La Cámara Federal de Casación Penal, como ya hiciera en 2009 con el militar Jorge Taranto, hizo oídos sordos y dictó el sobreseimiento del militar Jorge Oscar Ferrante, procesado por apremios ilegales y sometimiento a la tropa, al afirmar que no se trataban de crímenes imprescriptibles. «El nivel de prueba de hechos denunciados en esta causa es abrumadora», asegura Alonso, quien fue soldado conscripto en 1982. «No solo están los testimonios de las víctimas y los testigos, sino que a partir de 2015 se incorporaron al expediente todos los archivos desclasificados de Malvinas. Son documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que corroboran estos hechos de tortura». Constan las denuncias que hicieron los soldados conscriptos en 1982, apenas regresaron de Malvinas, así como la reiteración de esas acusaciones a partir de 2007. LLAMADO A SILENCIO Tras la contienda bélica, se pergeñaron «planes de inteligencia y de contrainte-ligencia sobre cómo la dictadura diseñó qué hacer con los soldados, cómo contar la guerra y qué hacer con los familiares de los caídos», detalla el representante del CECIM. La Agencia Sputnik accedió a alguno de esos documentos. «Al regreso hubo órdenes de ocultamiento, para que no se supiera la verdad y no trascendiera en medios públicos», revela Alonso. «En 1988, ya en democracia, sufrimos intervenciones de inteligencia militar por publicar el documento Rattenbach (desclasificado en 2012), en el que las propias Fuerzas Armadas analizaban las cuestiones del ámbito militar y estratégico de lo que fue el conflicto y que concluía diciendo que esto fue una aventura bélica». No pareció ser suficiente. Fue el motivo que llevó a excombatientes de Malvinas a movilizarse la semana pasada ante la Corte Suprema. «Le fuimos a reclamar un proceso de celeridad, entendiendo que la Corte no tiene plazos para resolver y dictar una sentencia», explica Alonso. «Está en manos de la cabeza del sistema judicial de la República Argentina conformar un proceso que arroje la verdad de los hechos ocurridos». Las dilaciones en investigar las torturas que sufrieron los soldados a manos de sus propios jefes solo consolidan «una impunidad biológica, con el fallecimiento de muchos de los denunciados y víctimas», arguye el excombatiente. Dado que las Fuerzas Armadas son una estructura piramidal, un avance en las investigaciones puede llevar a multiplicar las responsabilidades. No se trata de torturas aisladas, pues se registraron denuncias en todas las unidades militares, se tratase de Fuerza Aérea, la Marina o el Ejército. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tanto de los hechos denunciados desde 2015, tiene en su poder todas las pruebas, y ha prometido un pronunciamiento a lo largo de este año. No contentos con esto, los excombatientes recurrirán al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. (Sputnik)